La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la detención y el ingreso en prisión del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que viajaron con él a Bélgica y les acusa de promover “un movimiento de insurrección activa” para conseguir la secesión.
Lamela, a petición de la Fiscalía, ha emitido sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y órdenes de busca y captura nacional e internacional contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las ha dirigido expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica. Les acusa de delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia y no solo reclama su detención, sino también su ingreso en prisión.
La magistrada ha actuado contra los cinco exdirigentes que se negaron a acudir a su citación y ha ordenado su detención tras rechazar su solicitud de declarar por videoconferencia. Les acusa de impulsar y promover desde su cargo público las movilizaciones y concentraciones tumultuarias en oposición a las órdenes judiciales, las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones y los escraches a la Policía y a la Guardia Civil.
A su juicio, impulsó los llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana “como medio intimidatorio y violento” para conseguir “el fin secesionista de manera coactiva”. Es decir, le acusa de alentar un movimiento de “insurrección activa” y de abonar en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña.
El auto destaca que para lograr sus fines “promovieron y utilizaron fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional”.
También considera que el expresident “planificó, organizó y financió con fondos públicos” la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O e hizo posible el gasto de 6,2 millones de euros para ello.
La orden de detención pone en marcha un proceso que puede demorar más de dos meses la entrega a España de los requeridos, siempre y cuando ellos no acepten el traslado inmediato, algo que, a la vista de lo planteado por el abogado de Puigdemont, no harán.
Todo ha ocurrido mientras los exconsellers que sí accedieron a declarar en la Audiencia Nacional y Junqueras han pasado sus primeras 24 horas en la cárcel (la de Estremera para los hombres y la de Alcalá Meco para las mujeres).
Tanto el abogado de Junqueras como el propio Puigdemont han denunciado que los exconsellers fueron maltratados durante su traslado.
