Siete españoles integraban presuntamente el grupo de ladrones con especialización. Nueve, la mayoría marroquíes, formaban el grupo encargado de "exportar" a Marruecos los vehículos sustraídos, amén de traficar con drogas en otra variante de sus actividades. Las tareas, pues, estaban definidas con claridad en el entramado: los primeros buscaban objetivos y daban los golpes, tanto en talleres y concesionarios como en domicilios privados, y después vendían el botín a los segundos, que gestionaban el paso del estrecho de Gibraltar. La Fiscalía acusa a unos y otros de múltiples delitos perpetrados, al menos, entre diciembre del 2009 y agosto del 2010, alguno de ellos cometido en Terrassa. La Audiencia Provincial de Barcelona ha señalado un macrojuicio a celebrar desde hoy al 23 de noviembre.
Los vehículos se vendían "por entero o por piezas" en puntos radicados en el Norte de África, dice la representante del Ministerio Fiscal en un extenso escrito de acusación que empieza desgranando los papeles de cada grupo en la actividad ilícita descubierta por agentes de los Mossos d’Esquadra.
El que llama Grupo 1, formado por seis hombres y una mujer, todos de nacionalidad española, "tenía como objeto la sustracción de vehículos a motor en talleres, concesionarios y en domicilios particulares", siguiendo siempre "un mismo modus operandi".
Cuando robaban en empresas durante el horario de apertura al público, preguntaban sobre cómo conseguir un empleo allí y revisaban el panorama: así detectaban si había algún coche interesante; y así buscaban la oportunidad de hacerse con las llaves, hurtándolas. Cuando lograban consumar su propósito, acabados los pasos y con los vehículos en su poder, el cabecilla del Grupo 1 contactaba con los dos líderes del Grupo 2 "para convenir un precio y hacerles entrega" de los coches sustraídos.
Trama
Lo del Grupo 2 era más complejo, pues "constituía una trama" en la que participaban "mayor número de personas" y que, además de la gestión de compraventa de automóviles, montaba la salida de los coches de España y su entrega en Marruecos. "Allí procedían a vender por entero o por piezas dichos vehículos", señala el Ministerio Público. Un trabajador del consulado de Marruecos en Barcelona facilitaba los trámites, afirma la fiscal. El segundo grupo era también intermediario en la compra de hachís procedente del país magrebí. La droga era distribuida en Catalunya.
El 7 de enero del 2010, uno de los acusados entró en un concesionario de Sabadell, llegó hasta un despacho, agarró las llaves de un coche y se dispuso a llevárselo, pero no lo consiguió porque los trabajadores lo sorprendieron con las manos en la masa. Otros dos compinches sí lograron su propósito en el mismo concesionario unos días después, el 18 de enero, al mediodía: forzaron una puerta, entraron y robaron un Jaguar propiedad de la empresa. El coche tenía las llaves puestas. Sustrajeron también dos ordenadores portátiles, un retroproyector y una pantalla de ordenador. El turismo fue recuperado en febrero en Castellar del Vallès.
Un control
La acusación relata otro robo en la localidad de Igualada, otro en Cervera, más en Montcada i Reixac, todos ellos tras violentar accesos. En Castellar del Vallès robaron un Volkswagen Golf tras hacerse con las llaves, que estaban en la chaqueta de su dueño. Dos procesados huyeron de los Mossos d’Esquadra con ese vehículo luego de burlar un control el 5 de febrero en el término municipal de Centelles.
El 11 de febrero del 2010 la banda actuó en la ciudad de Terrassa. Eran las 5.30 de la tarde cuando dos de los acusados se dirigieron a un concesionario ubicado en la calle de Colom. El establecimiento estaba abierto al público. Los ladrones entraron y, con su maña delictiva habitual, se introdujeron en el taller. Allí vieron un Honda Accord. Se metieron en el automóvil. Dentro estaban las llaves. Salieron con el coche, que apareció seis días después en Ripollet, con daños tasados en más de mil euros.
Hubo más robos, por supuesto. En Mollet del Vallès, en Sabadell, en Tàrrega, en Mollerussa, en Ripollet, en Tarragona, en Montcada i Reixac, en Castellar del Vallès, en Mataró, en Molins de Rei, en Cerdanyola, en Esplugues, en Vilafranca del Penedès, en Barcelona. Uno de los dos jefes del grupo segundo se relacionaba con el primero para conocer la mercancía y le comunicaba las nuevas posibilidades de adquisición a otro miembro, que gestionaba el pago y el transporte de los vehículos, "así como el control de una red de contactos de futuros compradores", señala el Ministerio Público.
Encuentro
La fiscal narra un encuentro entre dos miembros del Grupo 1 y un integrante del Grupo 2 para la venta de los primeros al segundo de un Honda Civic sustraído que el comprador vendió, a su vez, a un tercero después de alterar su matrícula y sustituirla por otra. La Fiscalía fija en veintitrés los hechos delictivos relacionados con la sustracción de coches y en ocho las compraventas acreditadas.
Harina de otro costal, en cuanto al segundo grupo, es el presunto tráfico de estupefacientes a gran escala. En junio del 2010 los mossos encontraron en un automóvil usado por la banda, que estaban siguiendo, 295 tabletas de hachís, con más de 31 kilos de peso.
Persecución y puñetazo
La acción policial fue dificultosa. Los agentes debieron perseguir a los procesados, tanto en coche como a pie. Uno de los perseguidos propinó un puñetazo a uno de los policías. A un acusado le intervinieron 4.060 euros. Al otro, más de 1.000. La policía autonómica se incautó de más hachís en registros domiciliarios. Encontró casi 1.500 gramos en una casa.
La ristra de supuestas infracciones penales es abundante. La fiscal asegura que los hechos incluidos en su escrito son constitutivos de tres delitos con fuerza en grado de tentativa, tres delitos de hurto, trece de robo con fuerza en establecimiento, otro robo con fuerza, tres de hurto de uso de vehículo, uno de estafa, otro de falsedad en documento mercantil, un delito de conducción temeraria, ocho delitos de receptación, uno de pertenencia a asociación ilícita, varios contra la salud pública y uno de atentado.
El Ministerio Público reclama para un acusado veinte años de prisión. Para otros tres, quince años. Las penas solicitadas son menores para el resto de procesados.
