Los exresponsables de la Associació Catalana de Municipis (ACM) Josep Maria Matas y Xavier Solà han aceptado sendas condenas de 23 meses de cárcel, que no implicarán su ingreso en prisión, por expoliar la entidad municipalista, tras un acuerdo con ésta para devolverle el dinero a plazos hasta 2019.
En una sentencia que es firme, dado que tanto la Fiscalía como la defensa han anunciado que no la recurrirán, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona ha condenado a ambos líderes de la ACM -entidad que agrupa a ayuntamientos nacionalistas- por los delitos de malversación impropia y falsedad documental y ha acordado suspenderles la pena durante dos años, al tener en cuenta que ambos carecen de antecedentes.
El acuerdo ha sido posible después de que los acusados hayan devuelto a la ACM más de 500.000 euros de los fondos que se embolsaron -desvío que la Fiscalía cifraba en un millón de euros en su escrito de acusación inicial- y que la entidad municipalista, que en su día renunció a ejercer acciones legales contra los procesados, se haya comprometido a no emprender ninguna reclamación posterior.
La Fiscalía ha rebajado la suma del saqueo que inicialmente imputaba a los acusados, al contabilizar solo la cantidades desviadas desde 2007 y no los años precedentes, y ha aplicado a Matas y Solà la atenuante muy cualificada de reparación del daño, por devolver a la ACM las cantidades desviadas.
Solà, ex responsable de los servicios jurídicos de la ACM y que después fue número dos del Departamento de Cultura, ha logrado un pacto “in extremis” después de que anoche los órganos colegiados de la entidad le permitieran devolver a plazos los 121.477 euros, un acuerdo que ya contaba con el beneplácito del presidente de la entidad, Miquel Buch.
En el acuerdo extrajudicial alcanzado con la ACM, Solà reconoce la deuda contraída con la entidad y, tras entregarle ayer mismo una primera cuota de 25.000 euros, se compromete a pagar el resto del dinero desviado en seis plazos, el último de los cuales saldará en marzo de 2019.
Matas, por su parte, ha presentado un escrito fechado en octubre de 2017 en el que Miquel Buch reitera que la entidad se da por resarcida con el cerca de medio millón de euros que el acusado ha ido devolviendo a la ACM y que acabó de pagar en 2014.
En virtud del acuerdo alcanzado con las defensas, la Fiscalía ha renunciado a su tesis inicial de que la ACM maneja principalmente fondos públicos obtenidos de las cuotas que satisfacen los ayuntamientos asociados, lo que habría comportado un delito de malversación de caudales públicos y dificultado el pacto extrajudicial de los acusados para resarcir a la entidad municipalista.
En su sentencia de conformidad, los condenados, ambos militantes de la extinta CDC, reconocen haber utilizado sociedades instrumentales para apropiarse de fondos de la entidad mediante facturas falsas por servicios cuyo precio estaba inflado o no correspondía con ninguna prestación real.
El exsecretario general de la ACM, además, admite haberse apropiado ilícitamente entre 2005 y 2009 de fondos de la entidad por servicios consistentes en la impresión o encuadernación de directorios, muchos de los cuales no se llegaron a publicar, y en la confección de catálogos de masías y casas rurales.
