Quién mejor para estar al frente de un negocio fraudulento que una persona discapacitada. Seguramente eso pensó él, el hombre que se aprovechó de un ser vulnerable para usar su DNI y cometer estafas varias. El discapacitado llegó a sufrir una inspección de la Agencia Tributaria en su casa y la técnico de Hacienda no tardó en comprender los problemas psíquicos del inspeccionado. El terrassense acusado de aprovecharse de él para, entre otras cosas, crear facturas falsas a su nombre, ha sido condenado a dos años de prisión y a una multa de 960 euros por un delito agravado de estafa. Y a pagar más de 34.000 euros al hijo de la víctima. Porque el discapacitado utilizado para el delito falleció durante el proceso judicial.
El empresario tenía antecedentes penales. En el 2007, colocó a la víctima como administrador único de una sociedad vinculada a él, al acusado, "de manera que en caso de quiebra o insolvencia los acreedores harían efectiva su deuda contra el perjudicado", indica la sentencia, de la Audiencia Provincial de Barcelona. Procesado y damnificado se conocían por frecuentar el mismo bar, según manifestó el propio inculpado en el juicio.
Puso a su conocido al frente de una empresa del sector de la construcción. El tribunal dice que el procesado dio de alta al perjudicado en el régimen especial de trabajadores autónomos durante el ejercicio fiscal del 2007, y que generó facturas falsas a su nombre, "de manera que aumentaba ficticiamente el IVA soportado declarado en el Impuesto de sociedades e IVA" de una firma de su propiedad.
Los negocios fraudulentos duraron hasta enero del 2008, según la Justicia. El 20 de enero se suscribió un contrato de financiación para la adquisición de un vehículo con un banco. La víctima figuraba como fiador. El préstamo quedó impagado. No se abonaron las cuotas por un importe de 23.103,19 euros que la entidad bancaria reclamó. Una Hacienda municipal también reclamó el importe, de 607 euros, del impuesto de vehículos. El perjudicado percibía una pensión de 286,66 euros que tenía embargada por motivos que no constan. Según la sentencia, el hombre quedó "en una grave y difícil situación económica de desamparo que le impedía sufragar adecuadamente sus necesidades más básicas"
Episodio
Uno de los peores episodios de esta historia, de los más lacerantes, aconteció en el domicilio del damnificado, cuando inspectores de la Agencia Tributaria se presentaron en su casa. Fue el 23 de marzo del 2009. El hombre estaba con su madre. Una funcionaria apreció el problema del inspeccionado y supo, según la familia, que el acusado "les había hecho firmar documentos".
Apenas cuatro meses después de aquella visita de Hacienda, un juzgado declaró la insolvencia legal de la empresa que "administraba" la víctima. Otro órgano judicial declaró al hombre incapaz. Sufría una demencia multifactorial "de estado moderado-grave e irreversible". La incapacitación se dictó en mayo del 2013. Poco más de un año después, en junio del 2014, la víctima falleció.
El empresario se sentó en el banquillo y terminó condenado. Se aprovechó de la situación "de especial vulnerabilidad y discapacidad" de la víctima para obtener beneficio, afirma la Audiencia Provincial. Y conocía de forma plena "sus delicadas circunstancias personales y económicas", añade.
El acusado se defendió alegando que llegó a un acuerdo con el otro hombre. Este, según se deduce, tenía deudas y el procesado y él acordaron el pago de un sueldo en dinero negro a cambio de ejercer de administrador. El reo aseguró que no le constaba que aquel hombre sufriese discapacidad alguna, pues lo veía "normal" y hablaba de manera igualmente "normal" e incluso apreció en él ciertas condiciones para aquellas funciones. Argumentó que acudieron a un notario, que no dispuso del DNI del perjudicado y que le acompañó para que se diese de alta como autónomo. Sí, aquel hombre emitía facturas y las cobraba, y él desgravaba. No, nunca se hizo pasar por él, dijo. La defensa recalcó que no había pruebas periciales sobre las capacidades reales de la víctima, pues las exploraciones que le efectuaron fueron posteriores al periodo en el que se perpetraron los hechos.
Sospechas
Una trabajadora municipal que tramitó la incapacidad sospechó que alguien usaba el nombre de la víctima, pues constaba como administrador de empresas y titular de vehículos, e infractor con multas de un coche, y nada de eso parecía compatible con su estado de salud, con el alto grado de discapacidad de una persona con un 83 por ciento de disminción de capacidad cognitiva. Aquello era imposible. La funcionaria decidió interponer una denuncia.
La falta de pruebas periciales sobre el estado real del damnificado no impide, según el tribunal, llegar a la convicción de que "no era una persona normal en sus capacidades" para decidir sobre la trascendencia y relevancia de los actos jurídicos y económicos que protagonizaba.
Resultaba "palmario" que el enfermo no estaba "en sus plenas y absolutas capacidades" ya antes de su relación con el acusado. El hijo de la víctima aseguró que la demencia de su padre se notaba "a simple vista" y un informe municipal, de junio del 2008, indicaba el reconocimiento del 83 por ciento de discapacidad y señalaba que el afectado necesitaba ayuda personal para actividades básicas de su vida diaria.
Aún no había sido declarado legalmente incapaz, pero cuando ocurrieron los hechos "era fácilmente perceptible por terceras personas" que padecía "alguna enfermedad mental", aduce el tribunal. Según los magistrados, el acusado se percató de ello y se aprovechó de esa circunstancia para involucrarlo en los fraudes.
La indemnización
34.057,86 euros
El tribunal cifra en 34.057,86 euros la indemnización a pagar por el acusado al heredero de la víctima. 10.347,05 corresponden al importe de la insolvencia de la empresa que el enfermo "administraba". 23.103,19 euros, al préstamo para un coche en el que la víctima constaba como fiador y 607,48, a los impuestos municipales impagados. A ese dinero se deberá sumar una eventual reclamación de Hacienda
