La Guardia Civil acusa al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, de inacción en el referéndum del 1-O en Cataluña y de responder con ello a un plan premeditado “en conexión directa” con el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdedmont y Oriol Junqueras, respectivamente.
Así consta en el informe que el instituto armado ha remitido a la Audiencia Nacional con motivo de la causa abierta por un presunto delito de sedición contra Trapero, entre otros.
“Se puso claramente de manifiesto que la labor de los Mossos pasaba por no actuar y, en todo caso, llegar a obstaculizar la actuación” de la Guardia Civil y de la Policía, apostilla el informe.
Y esta realidad “es evidente” que no pudo recaer en la voluntad individual de los agentes, sino que “más bien respondió a un plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de Mossos”, comandada por Trapero “y en conexión directa con miembros del comité estratégico”, entre ellos Puigdemont y Junqueras.
El informe resalta la dilación de los Mossos cuando se les requirió apoyo para las fuerzas de seguridad del Estado y la constatación de que el jefe de la policía autonómica estaba dando “protección” a las personas encargadas de preparar la logística del referéndum.
Tras visionar los soportes multimedia que la Guardia Civil ha remitido también a la Audiencia, la “inacción” de los Mossos respondería, según el informe, “más que a conductas aisladas o individuales” de algunos de los miembros de la policía autonómica, “a unas instrucciones o pautas de actuación derivadas de la cadena de mando”, con trapero como “último eslabón”.
La Guardia Civil relata a la Audiencia los hechos ocurridos desde el 20 de septiembre con los diferentes registros llevados a cabo y las concentraciones que intentaban impedirlos, a la vez que se da cuenta de la “dilación” en el apoyo requerido a los Mossos y su “insuficiente” ayuda.
Los Mossos incumplieron de forma “flagrante” las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia y tuvieron que ser la Policía Nacional y la Guardia Civil las que tuvieron que actuar “activamente” para evitar la celebración del referéndum, pero “con imposibilidad de disponer ni de efectivos suficientes ni de abarcar todo el territorio catalán”.
Va más lejos el informe y asegura que la actuación de los Mossos quiso “enmascararse” bajo los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. Lejos de ello, la Guardia Civil insiste en que no se tiene conocimiento de que actuaran unidades especializadas en el control de masas ni que hubieran tomado medidas para evitar que se ocupasen los colegios antes de la votación.
El informe relata la detención el día 20 de septiembre de Francesc Sutrias como responsable de la adquisición, presuntamente con dinero público de material para la elaboración de las papeletas.
En una conversación intervenida entre Sutrias y el director general de los Mossos, Pere Soler i Campins, éste informa al primero de que ha dado las instrucciones necesarias al personal bajo su cargo para “aumentar la contra vigilancia sobre personas más expuestas, entre las que se encuentra Sutrias”.
“Por lo que se evidencia -subraya la Guardia Civil- que el jefe de los Mossos d’Esquadra está dando protección a las personas encargadas de preparar la logística del referéndum del 1 de octubre”.
Recuerda que para el día de la consulta se decidió que los Mossos deberían clausurar los centros de votación previstos antes de que se abrieran, dado que tenían la competencia en seguridad ciudadana.
“A la vista de los acontecimientos, es obvio que resultó un error, del cual no hay que sorprenderse en tanto que como órgano ejecutor del plan estratégico hacia la independencia, no podía actuar (los Mossos) más que obstruyendo cualquier actuación que bloquease el objetivo”.
