Las cargas policiales ante los colegios electorales y el insólito modo de votación están marcando la jornada del 1-O en Cataluña, donde las Fuerzas de Seguridad del Estado han asumido la retirada de las urnas electorales para impedir el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
La intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha visto rodeada de momentos de tensión con los manifestantes independentistas ante las puertas de varios centros de votación, donde los agentes han retirado por la fuerza a algunas personas.
Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat, en las actuaciones para impedir el 1-O se ha atendido a 38 ciudadanos heridos -35 con pronóstico leve y otros tres con lesiones de diversa consideración, uno de estos tras recibir un pelotazo de goma en un ojo-.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha indicado que nueve policías y dos guardias civiles también han resultado heridos de carácter leve durante la intervención.
Interior ha apelado a la tranquilidad en las calles y ha pedido colaboración y respeto en los colegios para que las fuerzas de seguridad puedan cumplir con la orden judicial de impedir de forma pacífica la celebración del referéndum suspendido por el Constitucional.
Frente a las acusaciones de organizaciones sociales como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, que han criticado la “violencia del Estado” en el desmantelamiento de las votaciones, el ministro Juan Ignacio Zoido ha explicado que los agentes se han encontrado situaciones “complicadas”.
Pero tan solo en uno de ellos, en el centro Ramón Llul de Barcelona, han tenido que utilizar métodos de defensa al verse en una situación de “acorralamiento”, ha asegurado.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado el “uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia por parte del Estado español”, pero ha advertido de que no se detendrá “el deseo de los catalanes de poder votar pacífica y democráticamente”.
Puigdemont ha votado en Cornellà de Terri (Girona), aunque tenía previsto hacerlo en el pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis (Girona), uno de los escenarios más problemáticos de la jornada, por la irrupción de los agentes para requisar las urnas y el material de votación.
Más de un centenar de personas que estaban concentradas en el exterior del pabellón han intentado impedir la entrada en el colegio, momento en que los agentes han intervenido y varios de los concentrados han caído al suelo.
Puigdemont ha llamado a responder a la “represión enloquecida” del Estado con nuevas “colas” ante los centros de votación, donde están “abiertas” y “funcionando” 4.561 mesas electorales, el 73 por ciento de las previstas, según el Govern.
Los 5,3 millones de catalanes llamados a las urnas pueden votar en cualquier punto electoral, incluso aunque sea sin sobres y con papeletas imprimidas en casa, pero su votación no quedará registrada informática, dado que las fuerzas de seguridad han bloqueado el sistema establecido.
Esto impide que el censo universal, implantado por sorpresa 45 minutos antes del comienzo de la votación, no esté disponible y que los miembros de las mesas tengan que apuntar a mano los nombres de las personas que acuden a votar.
De este modo, una misma persona puede votar varias veces en distintos colegios, según el Ministerio del Interior, cuyo titular, Juan Ignacio Zoido, el referéndum pretendido por el Govern se ha convertido en un “paripé”.
Para el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, los únicos responsables de lo que está sucediendo hoy en Cataluña son el presidente de la Generalitat y sus socios de Govern, que han convocado a sabiendas de que es un referéndum ilegal.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, también ha responsabilizado a Puigdemont de una situación que “ha superado” al Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que el primer secretario del PSC, Miguel Iceta, les ha pedido a los dos que “renuncien a sus responsabilidades”, si no son capaces de restablecer la “normalidad”.
Desde Podemos, Rafael Mayoral, ha pedido “echar” al Rajoy por ser el “peligro número uno” de la democracia, mientras que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado convencido de que la mayoría de los catalanes está “en contra del golpe separatista”.
