Parece que la batalla se librará en los institutos, quizás el lugar menos indicado para el conflicto. Ahora es el TSJC el órgano que ordena a todas las policías que impidan la apertura de cualquier equipamiento público, educativo, de salud o social que sea susceptible de ser utilizados para acoger la consulta ciudadana que todavía sigue convocada para el domingo y que se requise cualquier material. Se acerca el día y la tensión aumenta; es una realidad. Tanto de puertas para adentro como de puertas para afuera la principal preocupación empieza a ser ahora la posibilidad de que se produzcan incidentes violentos que puedan desencadenar una situación que escape al control tanto de organizadores como de la propia policía, sea cual sea.
El 1 de octubre se va a convertir en una gran movilización ciudadana. Difícilmente se podrá llevar a cabo la votación en los términos en los que se convocó, pero no cabe duda de que será ingente la población que saldrá a la calle y al menos se acercará a los colegios electorales. Otra cosa es cómo funcionará el dispositivo, si habrá alternativas, si habrá urnas, listas y la mínima infraestructura necesaria para que se desarrolle la votación, que ya sabemos que no será con normalidad. La cuestión está en ver cómo se desarrollan los acontecimientos, si los llamamientos a ocupar los institutos y demás equipamientos para evitar su precintado se llevarán a cabo o no y ver si la serenidad preside una jornada que se presenta francamente complicada.
OTRA VEZ
La semana que viene se iniciará una vez más el proceso de elección del Síndic de Greuges de Terrassa, que incluye el polémico proceso participativo, que fue, paradójicamente, el elemento que dinamitó la anterior elección. A diferencia de entonces, no existe el amplio consenso político que existió y algunos partidos se han desmarcado debido a la decisión de no incluir el voto electrónico. Es cierto que es un riesgo si hablamos en términos cuantitativos. El éxito de un proceso participativo radica precisamente en la respeta a la convocatoria y la experiencia nos dice que Terrassa es una ciudad difícil de movilizar en este tipo de iniciativas. No obstante, no hay que olvidar que fue precisamente el voto electrónico y la falta de garantías la que ha decidido su eliminación.
