Agentes de los Mossos d’Esquadra recorrieron ayer varios institutos de Terrassa titularidad de la Generalitat que se prevé funcionarán como punto de votación el domingo 1 de octubre. Los agentes acudieron por la mañana a varios equipamientos educativos, entre ellos el instituto Les Aymerigues, en Roc Blanc, y por la tarde continuaron ruta por los centros donde se imparten clases de FP.
El dispositivo responde a la orden enviada el lunes por Fiscalía a los mossos para que identifiquen e interroguen a los directores de institutos sobre la cesión de esos locales como puntos de votación del 1-O. Los mossos acuden a los locales provistos de un cuestionario en el que se incluyen los datos del centro, del director e información como las notificaciones recibidas de la Generalitat relacionadas con el referéndum y solicitando su colaboración.
Oral o por escrito
Los agentes piden a los responsables de cada centro que detallen si la comunicación de Ensenyament ha sido oral o por escrito, cual es su contenido y advierten a los directores que entregar cualquier llave o contraseña de seguridad a personas o administraciones puede acarrearles responsabilidades penales como colaboradores en un referéndum declarado ilegal.
Ayer, la inspección de los mossos corrió como la pólvora entre la comunidad educativa de la ciudad, que vive con inquietud la descarga de la presión policial sobre los centros de formación. También sobre cual será su responsabilidad legal si finalmente se abren los puntos de votación. Ayer mismo Fiscalía daba orden a los mossos de precintar antes del sábado los espacios señalados como colegios electorales.
¿Responsables?
Ayer mismo los sindicatos mantenían una reunión con la conselleria de Ensenyament sobre el desarrollo del 1-O y la situación del personal docente.
Esta semana la consellera Clara Ponsatí lanzaba el mensaje de que los directores de instituto no tendrán ninguna responsabilidad en la organización del referéndum. Lo hacía en respuesta a la carta remitida a los directores de instituto por el delegado del Gobierno en Catalunya, en la que Enric Millo afirmaba que entre las responsabilidades de los directores está el control de las actividades que se realizan en los centros y su legalidad, y que "cualquier autorización, incluso táctica" del uso para el 1-O puede hacerlos incurrir en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos. La nota añade que cualquier decisión en cumplimiento de instrucciones dictadas "por cualquier autoridad política o administrativa no los eximirá de esas responsabilidades"..
