El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tomado hoy el control de las actuaciones para evitar el referéndum, hasta ahora promovidas por la Fiscalía, al ordenar a la policía que precinte los locales designados como centros de votación del 1-O e impida que se prepare la consulta en ellos.
En un auto, la magistrada del TSJC Mercedes Armas, que investiga las querellas de la Fiscalía contra el Govern por el referéndum suspendido por el Constitucional, ordena a los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales del 1-O y requisen el material electoral que encuentren en los mismos.
La juez ha pedido a la Fiscalía que cese en sus “diligencias, actuaciones e instrucciones” sobre el referéndum, por lo que será ella quien asuma las próximas directrices relacionadas con el 1-O, tras semanas en que el ministerio público ha llevado la iniciativa las contra la consulta.
Pese a dejar claro en su auto que ahora será ella quien dirija la operación sobre el 1-O, la magistrada avala la decisión del ministerio público de ordenar el precinto de los locales designados como puntos de votación y de que sea un cargo del Ministerio de Interior quien coordine el operativo policial contra la consulta.
Precisamente, en una de sus últimas instrucciones, a la que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía ha ordenado a las policías locales que garanticen que el material electoral propiedad del Estado que guardan los ayuntamientos catalanes, fundamentalmente urnas, sean utilizados para el referéndum.
En otra orden, el ministerio público dispone que la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a las policía locales, apoyen si es necesario a los Mossos d’Esquadra en las operaciones para evitar el 1-O, después de que la policía catalana haya expresado sus reticencias a la orden de Fiscalía de que precinten los locales del referéndum antes del próximo sábado.
En la reunión de coordinación policial que se ha celebrado hoy en la Fiscalía Superior de Cataluña, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se ha comprometido a cumplir la orden de la Fiscalía para impedir el referéndum, pero han precisado que lo hará con “proporcionalidad” para evitar desórdenes públicos.
En una carta que hoy ha presentado ante el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, el mayor de los Mossos advierte de que aplicar de forma “estricta” la orden del ministerio de precintar los locales del 1-O podría acarrear consecuencias “no deseadas” porque obligaría a suspender la actividad en servicios “esenciales” como hospitales, ambulatorios y geriátricos.
Paralelamente, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado hoy investigar la denuncia por sedición que la Fiscalía presentó por los incidentes ocurridos la semana pasada frente el Departamento de Economía de Barcelona, donde multitudinarias manifestaciones dejaron atrapada a la comitiva judicial encargada del registro de las dependencias del Govern por los preparativos del 1-O.
Por su parte, el conseller de Salud, Antoni Comín, ha destituido a los representantes del Govern en los consorcios y entidades pública sanitarias de Cataluña y ha asumido su presidencia para “dar máxima seguridad jurídica” a los trabajadores de los 80 centros previstos por el Govern como puntos de votación.
Las diferencias entre la Fiscalía y los Mossos d’Esquadra por la decisión del ministerio público de dejar en manos de un cargo de la Secretaría de Estado la coordinación de la investigación del 1-O ha motivado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya convocado para mañana la Junta de Seguridad de Cataluña.
En la Junta -a cuya reunión asistirá un representante del Ministerio de Interior-, Puigdemont pretende sentar las bases para la coordinación de las actuaciones policiales relacionadas con el referéndum, suspendido por el Constitucional.
Mientras tanto, la sala de lo contencioso del TSJC ha mantenido al frente del operativo del 1-O al director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, al rechazar un recurso de la Generalitat para que se suspendiera la orden de dejar en sus manos la dirección del dispositivo.
Asimismo, a cuatro días del 1 de octubre, la Fiscalía General ha ordenado a las fiscalías provinciales catalanas que recuerden a los centros educativos que son los responsables de la custodia de los menores, aunque sus padres les autoricen a ausentarse para acudir a manifestaciones.
