El Tribunal de Cuentas ha fijado hoy una fianza de 5,2 millones de euros para el expresidente catalán Artur Mas por el desvío de dinero público para el referéndum del 9 de noviembre, que deberá abonar en quince días si no quiere que sus bienes sean embargados.
El Tribunal ha dividido el coste del 9N en varios bloques y ha asignado una partida económica de responsabilidad a cada uno de los ex altos cargos si bien Artur Mas aparece en todos y por ello se le considera “máximo y último responsable”.
Al igual que Mas, cada una de las personas que aparece en estos bloques tendrá que responder de forma “solidaria”.
Así, el Tribunal ha estimado que la responsabilidad de la exconseller Irene Rigau queda fijada en un máximo de 3 millones de euros; la del exconseller Francesc Homs, en 2,1 millones y para la exconseller Joana Ortega, 0,8.
Mas y los ex altos cargos tienen quince días par depositar el afianzamiento que se impone a cada uno, de no ser así el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de bienes y en un último caso el máximo responsable será el expresidente.
Y por ello, la parte que los exconseller no puedan abonar correrá a cargo de Artur Mas.
Tras conocerse la resolución, los abogados del expresidente catalán Artur Mas y de los ex altos cargos investigados han expresado su “absoluta disconformidad” y han avanzado que presentarán recurso en los próximos cinco días.
En concreto, el abogado de Artur Mas, Rafael Entrena, ha asegurado que la resolución tiene una fundamentación jurídica “muy defectuosa”.
Además, ha dicho que es un “clarísimo ejemplo de desviación de poder”.
“Se ha instrumentalizado al Tribunal de Cuentas para exigir en la práctica responsabilidades políticas y advertir a terceros por lo que puedan hacer”, ha dicho.
Entrena ha explicado que dado que hay cantidades que se exigen solidariamente, “habrá que ver si se exige la totalidad a todo el mundo o parcialmente a cada uno de los responsables solidarios”.
Por ello, ha subrayado que está pendiente por concretar la cuantía definitiva de cada una de las fianzas y las respuestas, en su caso, ante una falta de afianzamiento.
El abogado ha hecho hincapié en que no se dan los requisitos para exigir responsabilidades contables y ha añadido que “todos y cada uno de los pagos que se efectuaron tenían una buena ordenación contable”.
Por ello, el abogado ha señalado que espera que se tengan en cuenta los recursos que se presentarán y, finalmente, la liquidación sea provisional y no definitiva.
Por su parte, la abogada de Francesc Homs, Montse Rosell, ha insistido en que se planteará un recurso por las “muchas y graves irregularidades” y ha asegurado que no se ha respetado ninguna garantía de los presuntos responsables.
En el recurso, ha avanzado que una de las causas para pedir que quede en suspenso la obligación de pagar es “que se ha producido una evidente indefensión”.
Y por ello, ha dicho, “pediremos la suspensión cautelar”.
Para Sociedad Civil Catalana (SCC), denunciante del desvío de dinero público, ha valorado la decisión del Tribunal de Cuentas y ha informado de que dos interventores (Jordi Sevilla y Carolina Pardo) han quedado excluidos del procedimiento por lo que finalmente los ex altos cargos encausados son ocho.
