El Ayuntamiento ha decidido suspender el pleno municipal ordinario del mes de septiembre previsto para el jueves de la próxima semana. La mayoría de grupos políticos entienden que "por una cuestión de prudencia" es la medida adecuada ante la situación de "excepcionalidad" que está viviendo Catalunya y ante el incierto escenario de estos días previos al 1 de octubre.
La petición nacía de ERC-MES, pero, en seguida, la mayoría de grupos municipales se puso de acuerdo en que "lo más aconsejable" en el contexto actual era suspender el pleno que debía celebrarse el próximo día 28, solo tres días antes de la fecha prevista para el referéndum, el 1 de octubre. La decisión fue aprobada por los dos socios del gobierno, PSC y PDeCAT, y por los grupos de la oposición de ERC, TeC y la CUP. En cambio, C’s y PP votaron en contra. Ya el miércoles al mediodía, el alcalde, Jordi Ballart, aceptó suspender las comisiones informativas, a petición de los partidos independentistas y de TeC.
Los portavoces se reunieron ayer a primera hora de la mañana para hablar sobre cómo los acontecimientos del miércoles, la detención de 14 altos cargos del Govern y la intervención de las cuentas de la Generalitat, afectaban a la vida institucional de la ciudad. Decidieron, finalmente, suspender el pleno, de manera que la actividad institucional del Ayuntamiento queda alterada. No así la administrativa, que seguirá su curso, aseguran, especialmente en aquellos asuntos urgentes.
Días de incertidumbre
El portavoz del PSC, Alfredo Vega, entiende que la "prudencia" aconseja suspender la sesión plenaria "sine die", por lo que, salvo casos de urgencia, los asuntos a tratar se resolverán en el pleno ordinario de octubre. "Es imprevisible lo que pueda pasar de aquí al 1 de octubre", prosigue, para después lamentar que el "gran error" ha sido que "la postura de los dos gobiernos (central y autonómico) ha llevado a trasladar un problema político y de diálogo a la calle, y "ahí la política pierda el control".
La "excepcionalidad" del momento político que vive Catalunya es la razón fundamental que esgrime ERC a la hora de defender que "el Ayuntamiento de Terrassa no puede hacer ver que no pasa nada", comenta Carles Caballero, quien añade que "es lógico y de sentido común suspender el pleno a la espera de los acontecimientos que aún están por venir antes del 1-O".
Oportuno
También lo ven así en TeC. Su portavoz, Xavier Matilla considera que lo sucedido el martes es "muy grave" y es "oportuno" que las instituciones pongan de relevancia esta "excepcionalidad", más aún, insiste, teniendo en cuenta las movilizaciones que está habiendo en la calle. Además, cree que la suspensión del pleno es lo más acertado por una cuestión de "prudencia" ya que "el ambiente está más caldeado de lo normal" y, aunque "no hay evidencia de un riesgo indudable, lo más sensato es que no se celebre".
El portavoz del PDeCAT, Miquel Sàmper, señala igualmente a la prudencia para modificar la actividad institucional de Terrassa. "La situación es muy grave. Estamos bajo un estado de alarma. Ya nadie controla la calle", admite. El momento, afirma, es "excepcional" a nivel social y político y es "conveniente" que el Ayuntamiento se ponga "a disposición" de las instituciones catalanas.
No lo ven igual en C’s. A título personal, Javier González, comprende y siente la "inquietud" de estos días, pero cree que algunos partidos quieren sacar "rédito político" de esta situación. El concejal entiende que con la decisión de suspender el pleno, el alcalde, Jordi Ballart, "está facilitando el secuestro de la institución por parte de la agenda independentista". Denuncia que el "objetivo" de los partidos independentistas, con la complicidad de los comunes, es "facilitar las actividades alrededor del referéndum"; actos de apoyo, recuerda, que "pueden ser constitutivos de delito" ya que la consulta se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional. González advierte al alcalde de que, "al facilitar cualquier acto vinculado al referéndum puede incurrir en un delito de prevaricación y desobediencia". C’s sólo admitiría la suspensión del pleno si un informe policial lo aconsejara por motivos de seguridad pública.
También lo ve así Álex Rodíguez, del Partit Popular, que denuncia que la suspensión del pleno es"ideológica" y no por "razones de seguridad justificadas". El concejal popular considera que sin que existan estas razones "hay que preservar la normalidad democrática de las instituciones públicas", en lugar de "parar la actividad política por percepciones de determinados partidos".
