El titular del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa rechazó el martes hasta en dos ocasiones la petición de Fiscalía de registrar las oficinas de la empresa de mensajería Unipost en Terrassa durante el operativo policial en la calle Mare de Déu dels Àngels, donde se requisaron miles de citaciones para las mesas electorales del referéndum. El magistrado fundamentó su decisión en dos motivos: el primero, que pasadas las diez de la noche el registro podía ser “necesario y adecuado, pero infructuoso”. En el segundo exponía que, tras la intervención policial, nada hacía pensar que la contratación de la remesa postal y el pago por parte de la Generalitat se hubieran llevado a cabo en la sede local, informan fuentes judiciales. “No hay indicios concretos de que el delito de malversación de caudales públicos se haya cometido en la sede de Terrassa”, figura en la interlocutoria.
El relato judicial del “caso Unipost” revela que la operación policial del martes en Terrassa, Manresa y l’Hospitalet fue iniciativa de la propia Guardia Civil, en cumplimiento de la suspensión del referéndum por parte del Tribunal Constitucional y de la orden de Fiscalía a los cuerpos policiales de impedirlo. El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la macrocausa contra el 1-O, no ha estado detrás de la intervención.
Los agentes irrumpieron el martes en la sede de la empresa de mensajería a primera hora de la mañana y, tras comprobar la existencia de una partida de miles de sobres con el membrete de la Generalitat y a punto de reparto, pusieron el hecho en conocimiento de la Fiscalía del área de Terrassa.
Tomar las riendas
A partir de ese momento es la Fiscalía la que toma las riendas del caso y solicita al juez de guardia autorización para abrir el correo y comprobar su contenido. Las cartas no llevaban enunciado, sólo el sello de la Generalitat. Fue la mirada al trasluz de los sobres llevada a cabo por los agentes lo que reveló que se trataba de una citación.
Cuando el ministerio público trasladó petición al juez, más de un centenar de personas se concentraban ya a las puertas de Unipost protestando por la intervención policial. Un mazazo a la logística del referéndum, por tratarse de la remesa electoral más importante localizada hasta el momento.
A mediodía del martes Fiscalía pidió al juez inmovilizar el material, proceder a la apertura de al menos un sobre y registrar las oficinas de Unipost. El Ministerio Público apreciaba tres posibles delitos: desobediencia, al Tribunal Constitucional; prevaricación, por parte de la Generalitat, como contratante; y malversación de caudales públicos, atribuible a la Generalitat y a Unipost, si se probaba su colaboración en la distribución.
El juez no lo apreció igual. En su primera interlocutoria, el magistrado estimó sólo parcialmente la petición del Ministerio Fiscal y dictó un auto autorizando intervenir el material postal y trasladarlo a sede judicial para comprobar su contenido. Nada sobre la inspección a las oficinas de Unipost que pedían Guardia Civil y Fiscalía.
Ante la negativa, el Ministerio Público preguntó si estaba denegando el registro, a lo que el juez respondió que prefería estudiar el tema.
Fue a partir de ese momento cuando el secretario judicial se desplazó, encapuchado, a Unipost para tutelar la operación y el traslado de los sobres al juzgado.
Para entonces, en Mare de Déu dels Àngels el número de manifestantes rozaba ya los 300, los concentrados ocupaban las dos salidas de la vía y habían dejado claro a los Mossos d’Esquadra su intención de bloquear, pacíficamente, la retirada del material electoral.
Más de 3 horas tardó el secretario en acceder a Unipost, aprovechando el desalojo de los concentrados en el acceso por el Passeig del Vint i Dos de Juliol. Corría el tiempo y el responsable del operativo de la Guardia Civil pedía agilidad en las decisiones judiciales ante la tensión a la que se sentían sometidos sus hombres, argumentó.
No fue hasta pasadas las 8 de la tarde –tras una accidentada salida de Unipost, con cargas policiales incluidas–, que pudo llevarse a cabo en el juzgado la apertura del sobre electoral. Para entonces el magistrado y la fiscal jefe de la zona de Terrassa estaban al corriente de los hechos en Mare de Déu dels Àngels.
De vuelta al juzgado, en la sesión de la prueba, se produjo uno de los episodios más reveladores de la jornada judicial.
A la misma asistieron el juez, el secretario judicial, Fiscalía, el jefe de producción de Unipost en Catalunya, asistido por su abogado, y el responsable del operativo de la Guardia Civil. Sobre la mesa tres sobres, de los cuales se abrió uno solo.
El correo contenía la citación a una vecina de Sant Cugat el Vallès como miembro de una mesa electoral en el referéndum del 1 de octubre, confirmando que la remesa incluía miles de citaciones electorales idénticas. En ese momento la fiscalía quiso aclarar la implicación o no de Unipost en el envío ilegal con las siguientes preguntas: “¿Ustedes ensobran?”, “No”, respondió tajante el representante de la empresa. “¿Y no suelen abrir ningún sobre?”, insistió la fiscal. “Por supuesto que no, sería un delito”, zanjó el jefe de producción. No era un interrogatorio ni una declaración formal, pero ahí quedó.
La jornada concluía en el Palacio de Justicia en torno a las 10.30 de la noche, con la segunda interlocutoria del juez, ahora sí denegando el registro de los despachos de Unipost. Era tarde, habían pasado demasiadas horas y estaba claro que la inspección “sería infructuosa”. Además, no había indicios de que la petición del envío y las facturas estuvieran en Terrassa, argumentó el juez, que dejará el caso de manera inminente. Ayer se esperaba su inhibición, con toda probabilidad en favor, ahora sí, del juzgado número 13 de Barcelona.
