El pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat ratificó el lunes el decreto de apoyo al referéndum firmado el pasado día 7 por la alcaldesa, Mercè Conesa. El documento salió adelante en medio de polémica. Primero porque se incorporó de urgencia en el orden del día del pleno y después porque se aprobó pese a la advertencia del secretario municipal de la ilegalidad de la consulta tras ser tumbada por el Tribunal Constitucional, alertando de que aquellos que le den apoyo podrían enfrentarse a sanciones penales.
El decreto de alcaldía contó con los votos a favor del PDeCAT(once regidores) y en contra del PSC (uno), ambos socios de gobierno. Respecto a las formaciones de la oposición, la CUP (tres concejales), ERC (tres) y un regidor no adscrito se mostraron a favor; PP (uno) y Ciudadanos (3) lo rechazaron e ICV (dos ediles) se abstuvo.
Durante el pleno, Conesa agradeció el apoyo recibido y reafirmó que sus acciones persiguen "la defensa de los derechos de todos’", informó cugat.cat. Pese a su voto negativo, la alcaldesa también tuvo unas palabras de agradecimiento hacia su socio de gobierno, Pere Soler, único concejal del PSC en el plenario, y pidió que "se deje de presionar a los alcaldes socialistas para que defiendan los derechos que ellos quieran".
Soler, que es teniente de alcalde de Empleo y Políticas Comarcales, reafirmó su apoyo a la alcaldesa y la vigencia del pacto de gobierno con el PDeCAT, pese a desmarcarse de su socio en la votación del decreto. Aún así, el concejal socialista dejó muy clara su postura al subrayar que el referéndum no tiene garantías legales, informó cugat.cat.
"Votar no es delito"
Antes de proceder a la votación, Conesa pidió "mucha tranquilidad, una cabeza muy clara y serena, y sobre todo priorizar la voluntad del pueblo", para luego añadir que "cuando hay un pueblo que quiere votar, no se puede parar. Votar no es delito, y un referéndum no está penado por la ley", informó totsantcugat.cat.
Y si el debate previo a la aprobación del decreto de apoyo al referéndum fue polémico, no lo fue menos el que motivó la incorporación de urgencia del documento en el orden del día del pleno. En este sentido, el portavoz del PP, Álvaro Benajem, criticó que "la manera de proceder (del equipo de gobierno) se parece mucho a lo que sucedió en el Parlament con la ley del Referéndum y la ley de Transitoriedad Jurídica; al margen de la ley del Parlament. "Se ha introducido -añadió en referencia a la incorporación del decreto en el orden del día- con el pleno ya iniciado, limitando nuestros derechos y sin darnos derecho a leer la documentación". En términos similares se pronunció la portavoz de Ciudadanos, Munia Fernández-Jordán, quien acusó al ejecutivo de "cerrar la boca a la oposición".
La alcaldesa, según totsantcugat.cat, replicó diciendo que "no digan que se han coaccionado los derechos de los concejales, ya que tienen el decreto de alcaldía desde la junta de portavoces", y pidió a ambos grupos "respeto".
