“No tenemos nada que esconder”. Esa es la consigna de los alcaldes de las poblaciones del área de influencia de Terrassa que será citados por la Fiscalía en calidad de imputados tras dar su apoyo al referéndum del 1-O con la cesión de espacios municipales para su celebración. De los ocho ayuntamientos del área de influencia de Terrassa, los alcaldes de Matadepera (PDeCAT), Viladecavalls (PDeCAT y PSC), Sant Cugat (PDeCAT y PSC), Vacarisses (ERC, PSC y Movem), Ullastrell (ERC y JxU) y Rellinars (ERC y una concejal no adscrita) han firmado sendos decretos para la cesión de locales el día de la consulta.
El Consistorio de Castellbisbal (ApC), pese a no haber firmado el decreto de alcaldía, sí cederá espacios para el referéndum, afirmaron fuentes municipales, mientras que el Ayuntamiento de Rubí (PSC) es el único que se ha negado a la petición del Govern al entender que “no tiene fundamento, ya que las leyes en las cuales se sustenta están suspendidas por el Tribunal Constitucional”, en referencia a la ley del referéndum y la ley de transitoriedad.
Cinco de los seis alcaldes de la comarca que han dado su apoyo expreso al referéndum afirmaron ayer que acudirán a declarar cuando sean citados por la Fiscalía, siguiendo las consignas de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM), cuyas ejecutivas decidieron el miércoles que los 712 alcaldes imputados por adherirse al referéndum vayan a declarar. El único que se ha desmarcado es el primer edil de Vacarisses, el republicano Antoni Masana, quien ayer dijo que “no sé si iré” y añadió que “cuando me llegue la notificación, decidiré”.
“Votar no es delito”
El resto de alcaldes ratificó ayer que seguirá la consigna de la AMI y la ACM porque, coincidieron muchos de ellos, “no tenemos nada que esconder”. Se trata de Mireia Solsona (Matadepera), Cesca Berenguer (Viladecavalls), Mercè Conesa (Sant Cugat), Joan Ballbè (Ullastrell) y Marta Roquè (Rellinars). En cualquier caso, a día de ayer ninguno de los seis alcaldes había recibido todavía la citación de Fiscalía.
“Iré a declarar si así me lo piden porque no tengo nada que esconder”, manifestó ayer la alcaldesa de Matadepera, Mireia Solsona, quien expresó su “sorpresa” por el hecho de que la Fiscalía haya llegado “a un extremo como este, que es inédito”, al imputar a 712 alcaldes. “Pero -añadió- no tenemos ningún miedo y facilitaremos que los ciudadanos puedan ir a las urnas porque votar no es delito”. Solsona, que el miércoles acudió a la reunión de la ejecutiva de la AMI -de la que es miembro- en la que se decidió que los alcaldes acudan a declarar, ratificó ayer el apoyo del Ayuntamiento “al Govern, al Parlament y a la ciudadanía”.
La alcaldesa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, remarcó que “no estamos haciendo nada ilegal” y calificó la actuación de la Fiscalía de “ilógica” e “incomprensible”. “Es una barbaridad llamar a los alcaldes a declarar por esta cuestión”, señaló, e interpretó que se trata de una maniobra para “provocar miedo a los alcaldes y ponerlos nerviosos”.
Desde Vacarisses, su alcalde, Antoni Masana, tildó de “vergonzosa” la actuación de la Fiscalía y la calificó de “medida represiva contra los alcaldes”. “¡Que nos dejen en paz!”, enfatizó. El primer edil de Ullastrell, el también republicano Joan Ballbè, dio a entender que si lo que se perseguía con la imputación de los alcaldes que apoyan el referéndum era un efecto disuasorio, lo que se ha conseguido es justo lo contrario, unirlos más. “La actitud visceral del Estado -apuntó al respecto- está provocando que vayamos todos a una y que nos coordinemos ahora más que nunca”.
Pese a no haber hecho declaraciones públicas para valorar la investigación de la Fiscalía y sus consecuencias, la alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, lanzó el miércoles por la noche un mensaje en twitter, tras la reunión de las ejecutivas de la AMI y la AMC, en el que se podía leer: “Moltes gràcies a tothom per les mostres de suport . Els alcaldes i alcaldesses anem junts, no tenim por a declarar , no tenim res a amagar”.
Conesa, que también preside la Diputació de Barcelona, ya avanzó en su discurso institucional de la Diada que como alcaldesa se someterá “al mandato ciudadano”, en referencia a lo que pueda suceder el 1-O, y añadió que “no dejaremos que nos dividan”, informó cugat.cat. “Las urnas siempre suman”, destacó Conesa en su discurso, para luego animar a los partidarios del referéndum a “ser fuertes” ante la desinformación, “la coacción a alcaldes” y “la persecución de papeletas”, explicó el diario digital.
Por su lado, la alcaldesa de Rubí, la socialista Ana María Martínez, ratificó su decisión de no ceder locales para el referéndum en un pleno municipal el martes. Fue después de que los grupos del PDeCAT, ERC y AUP le pidiesen que les cediese la responsabilidad de abrir los colegios electorales el 1 de octubre, a lo que la primera edil se negó alegando que posee informes que avalan su rechazo.
Policía local
La orden de la Fiscalía de que las policías locales de cada municipio requisen urnas ha dejado perplejos a muchos alcaldes de la comarca. “No sabemos cómo afrontaremos esta cuestión”, se sinceró Solsona, mientras que Berenguer habló de una situación “complicada” y ambas coincidieron en que estarán a la expectativa de cómo se desarrollen los acontecimientos. Masana, por su parte, dijo que la policía local “está para garantizar la convivencia y no para retirar urnas”.
