El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Presidencia, Jordi Turull, han recusado a los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que acordaron investigarle por el referéndum del 1-O y a la juez encargada de instruir el caso.
En un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Puigdemont y Turull plantean un incidente de recusación contra los cuatro magistrados, entre ellos el presidente del alto tribunal catalán Jesús María Barrientos, al entender que no son imparciales y que la querella de la Fiscalía contra el Govern obedece a un “conflicto de naturaleza política”.
El incidente de recusación se dirige, además de Barrientos, contra los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos, que formaban parte de la sala de admisión que el pasado viernes acordó admitir a trámite la querella de la Fiscalía por el referéndum, así como contra Mercedes Armas, la juez que instruirá la causa contra los miembros del Govern.
El incidente de recusación, no obstante, precisa que el mismo argumento de falta de imparcialidad “es predicable al resto de magistrados, igualmente nombrados por el propio Consejo General del Poder Judicial”.
En su escrito, Puigdemont y Turull mantienen que los tribunales españoles, en concreto el del TSJC, “no son imparciales para juzgar causas que tienen origen en un conflicto de naturaleza política”, dado que en su opinión la independencia de los mismos ha sido cuestionada de forma expresa por “varios informes de organismos europeos”.
En opinión de ambos querellados, el nombramiento de los magistrados de la sala civil y penal de los tribunales superiores de justicia no se basa “en criterios objetivos legalmente previstos” sino que “tiene carácter discrecional, al corresponder su nombramiento al Consejo General del Poder Judicial”.
En ese sentido, recalcan que se trata de unos magistrados elegidos por un órgano -el CGPJ- que a su vez ha sido escogido por Las Cortes, en las que “tiene mayoría más o menos amplia el Gobierno de turno”, y que deberán juzgar “unos hechos que llevan base del conflicto político existente entre esas cámaras y el Gobierno y los órganos de la comunidad autónoma (…).
Una prueba de esa falta de imparcialidad es, según la Fiscalía, “la polémica causada por algunos de los más recientes nombramientos judiciales en Cataluña”, por lo que adjuntan varios recortes de prensa relativas a la designación del presidente del TSJC y del de la Audiencia de Barcelona.
“Queda entonces claro que la composición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no garantiza la imparcialidad de sus miembros para juzgar una causa que tiene origen en un conflicto de naturaleza política y que, en todo caso, afecta a políticos”, añade el escrito de Puigdemont y Turull.
Los querellados sostienen también que en el caso del referéndum “nos encontramos ante un conflicto de naturaleza política (si se puede consultar o no a la población de un territorio sobre el eventual ejercicio al derecho de autodeterminación) que debería ser resuelto por vías políticas y no a través de la represión penal”.
Para Puigdemont y Turull, “el tribunal llamado a dirimir esta causa no tiene entonces la imparcialidad exigible para enjuiciar el conflicto que nos ocupa”.
