"Estoy amenazado de muerte. Me han dicho que me van a estrangular". Testimonios de escalofrío como este oyeron los representantes municipales que ayer se reunieron con vecinos y comerciantes de Cementiri Vell. Estaban allí, en el casal de barrio, para informar de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento para solucionar el conflicto que tiene en vela al barrio. El conflicto provocado por un clan familiar que ocupó en junio un local interior en los bajos de un bloque de pisos de la Rambla de Sant Nebridi. Los vecinos denuncian inseguridad, incivismo, amenazas, insultos, defecaciones en portales y parques, robos. El teniente de alcalde Marc Armengol les dijo que dará instrucciones para aumentar la presencia de policías municipales.
Fue difícil para los responsables municipales, de diversos servicios, lidiar con la tensión que se palpaba en el casal de barrio. Pero más difícil parece que los afectados lidien con una situación que se ha tornado insostenible desde que el 24 de junio el clan, que ya había ocasionado conflictos cuando residía en la calle de la Societat (Centre), apareció por allí, por la Rambla de Sant Nebridi, para quedarse.
Los vecinos esperaban al alcalde, Jordi Ballart, porque se había anunciado su presencia, pero Ballart no acudió. No había podido asistir, según manifestaron los representantes que se sentaron ante los damnificados para dar explicaciones sobre los pasos del Ayuntamiento en esta espinosa problemática.
No hubo muchos rodeos. La teniente de alcalde Lluïsa Melgares empezó su intervención admitiendo que la situación es "muy grave" y prosiguió reconociendo que la convivencia con esa familia, como se ha demostrado tanto en Cementiri Vell como en otros sitios, "es imposible". Lo importante, dijo, es saber cuándo se irán.
Y seguramente no se irán hasta que se les obligue a ello. ¿Cuándo? No se sabe. El Ayuntamiento asegura que ya había activado un procedimiento de disciplina urbanística antes de que los vecinos se movilizasen (a finales de julio recogieron trescientas firmas en dos días).
Demolición
Ese proceso administrativo se inició al comprobarse que el local ocupado tiene un altillo ilegal y el Consistorio ha emplazado al dueño, un particular, para que derribe esa estancia ilegalizable. Si no lo hace, Urbanismo intentará demolerla de manera subsidiaria para luego pasar al propietario la factura, pero para llevar a cabo ese derribo necesitará autorización judicial si no la obtiene del dueño. A este se le acabará mañana el plazo para ejecutar la obra.
En paralelo, el Ayuntamiento sigue los pasos administrativos para que la Justicia actúe debido a las condiciones de inseguridad y falta de habitabilidad del lugar. Una acción implica la otra: si se permite la entrada en el sitio para la demolición, se debe desalojar antes el local. El permiso judicial es preceptivo, pues sin esa orden el Consistorio no puede hacer nada en el local ocupado. Y esa orden puede tardar semanas o meses, quién sabe. "Intentaremos apretar lo que podamos", dijo ayer una técnica municipal. "Trabajamos con las herramientas que tenemos, pero la solución final dependerá de los juzgados", apuntó Marc Armengol.
"Pedimos un compromiso: que el Ayuntamiento actúe de inmediato cuando se cumpla el pazo de la obra", dijo Anabel, potavoz vecinal. "Lo tenéis", contestó Lluïsa Melgares. Otro compromiso, adoptado por Marc Armengol: "hablaré con el intendente mayor para que se aumente la presión policial".
