La Fiscalía ha presentado una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por promover y organizar el referéndum del 1-0, a través de los alcaldes.
La querella, que se ha presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pide al juez que, como medidas cautelares, ordene el cierre de las páginas web de ambas organizaciones municipalistas, fije una fianza a ambos políticos y dirija un oficio a los alcaldes para que “impartan las instrucciones precisas” en aras a impedir la celebración del referéndum, prohibiendo la colocación de carteles y retirando los que ya estén colgados.
Igual que a los miembros del gobierno catalán, la Fiscalía acusa a Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y a Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar (Barcelona), de los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación por llevar a cabo “actos inequívocos de promoción y organización” de un referéndum “inconstitucional”.
Para la Fiscalía, ambos alcaldes son “perfectamente conocedores de los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, de la advertencias de su deber de impedir la promoción del referéndum y de que la organización de una consulta como la del 1-O “implica necesariamente la utilización ilegal de cuantiosos recursos públicos materiales, así como la movilización de una pluralidad indeterminada de personas”.
Pese a ello, añade el ministerio público, apenas minutos después de que se aprobara el decreto de convocatoria del referéndum, ambos querellados enviaron una comunicación desde la cuenta de la AMI dirigida a los alcaldes en que les pedían que informaran de la disponibilidad de locales para el 1-0, adjuntando un modelo de decreto para que expresaran su apoyo al mismo.
Un vez el Constitucional había difundido públicamente su decisión de advertir a los cargos públicos de la suspensión del referéndum, Lloveras remitió un nuevo correo electrónico, según la Fiscalía, en que les hacía llegar un informe del grupo SITxCAT (secretarios interventores y tesoreros por la independencia) que defendía la legalidad del proceso electoral.
