La gestión del agua pasará a manos públicas en Terrassa en 2018 después de que el pleno, en una sesión intensa y emotiva, aprobara ayer la memoria que defiende el modelo de gestión directa como el más eficiente y sostenible. Con los 20 votos a favor del PSC, TeC, ERC-MES y la CUP, el rechazo de PP y Ciutadans y la abstención del socio de gobierno, el PDeCAT, el Consistorio da vía libre a la nueva etapa con la constitución de la empresa pública Aigua de Terrassa, EPEL, la aprobación de sus estatutos y del reglamento que regirá el servicio público.
La decisión pone fin a 75 años de gestión privada a cargo de Mina, Aigües de Terrassa, cuyo contrato finalizó en diciembre de 2016. Ayer, se escuchó algún agradecimiento "a los servicios prestados", pero sobre todo duras críticas a su oposición al proceso y a la judicialización del mismo, y un llamamiento explícito del alcalde. Jordi Ballart, pidiendo "un cambio de actitud" a la compañía en la etapa que ahora empieza, en la que se afrontará la polémica liquidación económica, y una actitud "respetuosa con la soberanía municipal y sobre todo respetuosa con la verdad", dijo.
El Saló de Sessions presentaba ayer el aspecto de los grandes acontecimientos, lleno hasta la bandera y con la presencia de líderes políticos como el diputado y coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, y la exconcejal de Medio Ambiente Eva Herrero, pionera en el proceso de liquidación de la concesión y en la defensa de una gestión pública del agua.
Un ejemplo de dignidad
Durante el pleno hubieron agradecimientos a su labor, de manera efusiva al trabajo de los técnicos municipales y a la Taula de l’Aigua, que desde la movilización popular ha sido pieza clave en el cambio de modelo de gestión en la ciudad. "Son un ejemplo de dignidad, fuerza y perseverancia", dijo la portavoz de la CUP, Maria Sirvent.
Durante las dos horas largas de sesión del pleno del agua hubo tiempo para la reflexión política sobre la municipalización y para las críticas, duras, a la decisión del PDeCAT de mantenerse en la equidistancia y abstenerse.
El alcalde dijo que, tras la apuesta por una gestión directa del agua, "Terrassa es un poco más de Terrassa, más nuestra, más patrimonio colectivo y menos de intereses particulares". Con el cambio de modelo, que convierte Terrassa en ciudad referente para otros municipios en proceso de municipalización, el Consistorio "blinda el agua de cualquier intento de monopolizarla (…) Después del paso que da Terrassa vendrán otros", apuntó Ballart.
Los partidarios de la municipalización pusieron el acento en el ejercicio de soberanía que hace la ciudad al recuperar la gestión de un servicio básico. Xavier Matilla, de la TeC, apeló a la trascendencia de la decisión porque "pone fin a 75 años de gestión opaca y sin control público", porque parte de una movilización popular y porque, con la decisión, Terrassa se suma al movimiento internacional por la recuperación del control público de los servicios básicos. Y, añadió, "ahora tenemos por delante el reto de la excelencia en la gestión".
Desde ERC-MES Carles Caballero recordó que "el agua siempre ha sido pública en Terrassa. Ahora, con una mayoría arrolladora, el Ayuntamiento decide asumir la gestión plena", en una decisión que permitirá que "la calidad del servicio prime frente a la rentabilidad económica". El concejal apostó por que Terrassa gestione el ciclo integral del agua y no perdió la oportunidad de introducir el debate independentista en la sesión: "Hoy la gestión del agua y mañana la construcción de la república catalana. ¡Tenía que decirlo!".
La portavoz de la CUP puso el acento social al debate al apelar a la recuperación "de nuevos servicios públicos en manos de las multinacionales, cuyo único objetivo es el beneficio". En Terrassa, la decisión de municipalizar el agua "pone a los poderes económicos frente a la presión social. La transparencia y el control son incompatibles con la gestión privada".
PDeCAT, abstención constructiva
La intervención de Miquel Sàmper, portavoz de PDeCAT, era una de las más esperadas de la sesión. El socio de gobierno decidió el miércoles por la noche su voto en el pleno del agua, donde optó por una "abstención constructiva" que sólo convenció a sus compañeros en el ejecutivo.
Sàmper aseguró que los soberanistas descartaron votar "no" "porque no tenemos una posición ideológica sobre el tema" y "tampoco podemos votar ‘sí’". La razón son las, a su juicio, "carencias" de la memoria que avala el cambio de modelo, en la que "no se concreta el coste de la reversión de bienes. Hacen trampas al solitario", dijo.
Pese a ello, el PDeCAT se pone "a disposición del nuevo modelo, remaremos en la misma dirección" que el gobierno, quiso dejar claro Sàmper.
En el mismo sentido se pronunció el portavoz popular, Álex Rodríguez. El partido "no se quedará al margen", anunció, pero entiende que la decisión municipal "es partidista y personal de Ballart. Legal, legítima y democrática -puntualizó-, pero no responde a una decisión de los terrassenses, porque el PSC ni lo llevaba en su programa".
Ciutadans también cargó contra la solvencia de la memoria justificativa, "un traje a medida" de los promotores de la gestión pública. Javier González puso en duda la solvencia del ejecutivo municipal para gestionar una empresa pública y criticó duramente a la oposición de izquierdas por "mirar a otro lado" cuando el PSC renunció a la anunciada consulta ciudadana sobre el agua.
