Los grupos municipales votaron ayer en comisión informativa elevar al pleno extraordinario del próximo jueves, 7 de septiembre, la creación de la nueva empresa pública que gestionará el servicio del agua en la ciudad tras el final de la concesión de Mina, en diciembre de 2016.
La mayoría de formaciones políticas -PSC, TeC, ERC-MES y CUP- dieron ayer el visto bueno a la tramitación de la memoria que define el modelo de gestión directa como el más eficiente y sostenible, y que apuesta por la creación de una entidad pública empresarial que ya tiene nombre: Aigua de Terrassa, EPEL. En un claro avance de lo que ocurrirá en el pleno del jueves, el socio de gobierno, el PEdCAT, optó por la abstención junto a Ciutadans, mientras el PP votó en contra.
"El jueves el pleno habrá definido por primera vez en la historia de esta ciudad, democráticamente y con transparencia, el modelo de gestión del agua", dijo ayer en tono solemne el teniente de alcalde y concejal de Agua Alfredo Vega. El pleno aprobará inicialmente la constitución de la nueva empresa pública y los estatutos de Aigua de Terrassa, EPEL. También el reglamento del servicio municipal de abastecimiento. Terrassa será así la primera gran ciudad de Catalunya que municipaliza el servicio del agua, tras 75 años de gestión privada en la ciudad.
Vega explicó ayer que el ejecutivo local espera que la nueva empresa pública esté operativa "durante el primer semestre de 2018, de manera que ya es seguro que habrá una tercera prórroga forzosa".
La concesión a Mina caducó en diciembre de 2016, fecha en que se resolvió el contrato y se aprobó la reversión de bienes en pleno extraordinario. Desde entonces, el Ayuntamiento ha puesto de nuevo a disposición de la empresa los bienes en régimen de prórroga forzosa hasta que se defina el nuevo modelo de gestión y esté operativo. La segunda prórroga culmina el 9 de diciembre de 2017.
Ajustes
La comisión informativa de Territorio y Sostenibilidad, reunida ayer en sesión extraordinaria, aprobó los últimos ajustes en la memoria que el jueves se votará en el pleno, tras la revisión llevada a cabo por la Secretaria Municipal.
En la elaboración de la memoria se ha contado con asesoramiento externo a través de la consultora PWACS S.L. a la que se encargó el análisis de los diferentes modelos de gestión del agua. El informe concluyó que la fórmula más sostenible y eficiente era la gestión directa y propuso el modelo de entidad pública empresarial (EPEL) o la sociedad mercantil local (SML) como los más flexibles.
Posteriormente, un informe preceptivo de la Intervención General ha avalado la capacidad del Ayuntamiento de Terrassa para constituir nuevos organismos, entidades y sociedades. Pese a tener en vigor un plan económico y financiero para 2016/2017 por incumplir la regla de gasto, la administración cumple con el resto de requisitos, como el objetivo de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda y el periodo de pago a proveedores. Así, Intervención entiende como sostenible la creación de una EPEL.
Ayer trascendieron algunas de las novedades de los estatutos de la nueva empresa Aigua de Terrassa y el reglamento del servicio. Una de ellas tiene que ver con la titularidad de los contadores.
En la nueva empresa pública los contadores se consideran bienes afectos al servicio, de manera que conforme vayan caducando los 10 años de contrato de propiedad o alquiler de los contadores actuales, estos se sustituirán por unos nuevos de titularidad pública. Los abonados deberán abonar una cuota de mantenimiento que se incorporará a la tasa.
Esa es otra de las novedades de la nueva etapa pública en la gestión del agua en la ciudad. El precio se regulará mediante una tasa y no una tarifa como hasta ahora.
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva empresa pública es la participación ciudadana en la toma de decisiones. Un observatorio con participación de la ciudadanía asesorará al consejo de administración, en el que habrá representación popular directa.
Ayer trascendió también que Aigua de Terrassa EPEL se subrogará la plantilla de Mina afecta al servicio en régimen de personal laboral, sin condición de funcionarios, y que los trabajadores no deberán someterse a ninguna prueba de selección para obtener plaza en la nueva sociedad municipal.
