El inicio del curso político en Terrassa está marcado, como sucede en el resto de Catalunya, por el referéndum del 1 de octubre, pero no será el único proceso que condicione la política local. Antes de que la Generalitat ponga (si finalmente ocurre) las urnas en la calle, el Ayuntamiento tomará una de las decisiones más importantes del mandato: la creación de la empresa pública que gestionará el agua durante los próximos años. Ambas cuestiones pueden tensionar mucho la relación entre el PSC y el PDeCAT hasta el punto de condicionar el pacto de gobierno que mantienen desde 2015.
El alcalde de Terrassa y líder del PSC, Jordi Ballart, desmiente una información aparecida en el portal de internet Economía Digital en la que se asegura que la asamblea local socialista le ha dado luz verde para romper su alianza con los tres ediles del PDeCAT y buscar un acuerdo nuevo con TeC. El primer edil asegura que en dicha asamblea, celebrada el pasado 18 de julio, "no se trató este asunto de forma específica" y los militantes no votaron sobre esta cuestión. Subraya que, si cualquier asunto provocase la ruptura del pacto de gobierno, "sería la asamblea la que decidiría sobre la política de alianzas". Por tanto, reitera, sigue vigente la decisión de la ejecutiva, que a finales de enero, decidió de forma unánime descartar el ofrecimiento de TeC de dar estabilidad al ejecutivo local si los socialistas expulsaban del gobierno al PDeCAT.
Ballart no esconde que hay diversos factores que pueden hacer peligrar el actual pacto -que muchos consideran antinatura- a pesar de que ninguno de los dos partidos quiere que eso suceda. Uno de estos condicionantes es el "procés". El alcalde ya ha dicho reiteradamente que acatará el informe que haga el secretario municipal sobre el papel del Ayuntamiento en el referéndum. Y el secretario, de hecho, ya ha anunciado a los portavoces municipales que si el Tribunal Constitucional anula la convocatoria, el Ayuntamiento deberá respetar tal decisión. "Lo primero que sería deseable es que el Govern hiciese las cosas seriamente y convocase el referéndum para saber qué hacer. Si defienden que será una votación seria y normal, deberían actuar como en cualquier otro proceso electoral normal", denuncia Ballart.
Sin noticias del Govern
Lamenta que los alcaldes apenas tengan información de los planes del Govern para poder saber cómo actuar. "La presión que están ejerciendo sobre los alcaldes es más mediática que otra cosa. Todavía nadie desde el Govern, ni la delegación del Govern o la Sindicatura Electoral que prevé la ley del referéndum, que aún ni siquiera está aprobada, nos ha solicitado formalmente ningún tipo de colaboración o la cesión de espacios", denuncia.
El primer edil defiende que está a favor "de que la gente se exprese en un referéndum", pero "se tiene que hacer bien hecho". Ballart considera que el conflicto catalán "no se resolverá hasta que no haya un referéndum legal y acordado". Es consciente de que eso no sucederá con el actual gobierno del PP, pero cree que el PSOE sí podría alcanzar acuerdos con la Generalitat para hacer una consulta que, en cualquier caso, "debería celebrarse en toda España y responder al resultado que salga en Catalunya".
Llegado el momento de que se convoque el referéndum para el 1 de octubre, prosigue, "aplicaremos la legalidad, como hemos hecho siempre". Si finalmente el Ayuntamiento, como parece que indicará el secretario y acatará el PSC, no cede locales para la votación y no colabora, Ballart es consciente de que el PDeCAT puede abandonar el gobierno. "Si el pacto se rompe por el referéndum, serán ellos (por el PDeCAT) quienes lo hagan", señala. El primer edil defiende que la alianza sellada con los soberanistas hace dos años "se basa en temas estrictamente locales, en ningún caso de ámbito nacional". Precisamente, lo que está pactado y claro es que en asuntos como la independencia de Catalunya "hay discrepancias sobradamente conocidas" y que "cada partido tiene libertad para hacer lo que considere".
De desmembrarse el actual bipartito, el edil abriría una "ronda de negociaciones con distintos partidos" para "garantizar la estabilidad del gobierno local". En ese escenario, afirma, se contemplarían todas las posibilidades, tanto alcanzar acuerdos puntuales para temas concretos gobernando en minoría, como establecer una coalición con algún otro partido o incluso podría darse el caso de que alguna formación presentase una moción de censura. Hay quien apunta que ERC podría dar este paso.
El agua y un gobierno fuerte
Pero el bipartito no sólo podría quebrarse a iniciativa del PDeCAT por discrepancias como consecuencia del "procés". La municipalización del agua podría llevar al PSC a desligarse de los soberanistas en caso de que estos votasen en contra de la gestión pública. Hasta ahora, el PDeCAT ha mantenido una posición ambigua y siempre ha dicho que basarían su voto en los informes técnicos sobre la viabilidad de la gestión directa. El último de estos informes, el de la comisión político-técnica, concluye que la gestión pública del agua es la más sostenible.
Apenas queda una semana para que el PDeCAT tenga que pronunciarse sobre esta posibilidad. Será en el pleno extraordinario previsto para el 7 de septiembre. Hasta hora, los soberanistas no han votado en contra del proceso en ninguno de los pasos que este ha ido superando (prórroga forzosa a Mina, desestimación de las alegaciones de la concesionaria, …). "Si el PDeCAT vota en contra de asumir la gestión directa del agua, el PSC se replantearía el pacto de gobierno", admite Ballart. Si Miquel Sàmper, Meritxell Lluís y Dani Nart rechazan la municipalización del servicio "seguir con un gobierno en coalición sería insostenible", reconoce. Gestionar un proceso tan complejo como la municipalización del agua "requiere de un gobierno unido, más aún a partir de ahora que es cuando la ciudad necesitará un Ejecutivo fuerte y sólido para hacer frente a todo lo que vendrá", remarca el edil socialista.
