Más que un agujero, aquello fue un socavón. Un desfalco de casi medio millón de euros, una apropiación indebida cometida por el director de una oficina bancaria de Terrassa que ha reconocido su culpabilidad y ha aceptado una condena de dos años de prisión y multa de 1.800 euros. Deberá pagar 496.589,20 euros al banco para el que trabajaba, pues fue la entidad financiera la que se hizo cargo del monto económico. Los clientes fueron las víctimas en un principio, pero el banco las resarció; se hizo cargo del desaguisado y les repuso el dinero.
El acusado era apoderado de una sucursal de una caja de ahorros que luego pasó a ser de Unnim y, extinta esta entidad, del BBVA. Según la Audiencia Provincial de Barcelona, el directivo realizó una docena de operaciones "de distracción de activos patrimoniales de sus legítimos dueños".
En poco más de cuatro años, entre junio del 2002 y septiembre del 2006, hizo reintegros por un total de 376.542 euros, usando las cuentas de cinco clientes. Y concedió nueve tarjetas de crédito sin conocimiento de sus titulares, tarjetas que usó el acusado para hacer operaciones diversas por un montante de 91.750 euros. Ocho clientes fueron los damnificados originarios por esta actuación concreta. Tampoco sabían nada dos personas acerca de la concesión de sendos préstamos personales. La sentencia añade que el procesado abrió seis libretas a la vista en las que cargaba las liquidaciones de las tarjetas y las amortizaciones de los préstamos irregulares, por un importe de 1.281,56 euros.
61 años
Los clientes no autorizaron tales operaciones, pero en los documentos había estampadas unas firmas. Eran falsificadas. El encausado admitió que había imitado las firmas de nueve titulares de las cuentas, aunque ninguno de los clientes utilizados sufrió perjuicio económico, pues la caja de ahorros les pagó el dinero. Y, por supuesto, el BBVA reclama que el inculpado le devuelva los 496.589,20 euros.
El exdirectivo, de 61 años, ha sido considerado autor de un delito de apropiación indebida en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. El fiscal, en sus conclusiones provisionales, había reclamado tres años de prisión, pero en el juicio rebajó tal pretensión, estimando que concurría una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por los retrasos del proceso judicial. Los hechos fueron cometidos entre junio del 2002 y septiembre del 2006 y las diligencias previas se abrieron en el 2008 en el juzgado de instrucción número 4 de Terrassa. El fiscal calificó los hechos a principios del 2016. Y el juicio se celebró en marzo del 2017. "El acusadio ha mostrado su conformidad (con el escrito final del fiscal) de forma espontánea y voluntaria", afirma la resolución judicial, ya firme.
