La encuesta que realizó Mina d’Aigües de Terrassa a principios de año fue amplia y diversa. Se preguntó a los terrassenses por muchas cuestiones relacionadas con la ciudad. Hoy nos hacemos eco de nuestra opinión sobre el comercio y otros aspectos como la práctica y la oferta deportivas de la ciudad. Pero la encuesta también cuestionaba a los terrassenses sobre nuestras preocupaciones. En ella, al contrario que hace algunos años, la inmigración ya no ocupa el primer lugar de nuestros desvelos, lugar que ocupa el paro. Sí gana protagonismo la preocupación por el fenómeno de la ocupación de viviendas. En realidad es de suponer que no preocupa el fenómeno en sí, sino las consecuencias que sus diversas formas pueden provocar en la convivencia en las comunidades en las que se produce.
No existen estudios comparativos al respecto, pero es poco probable que en otras ciudades se dé en la intensidad con la que se está dando aquí. Deben existir diversos factores que lo expliquen, pero el más obvio es el de la gran cantidad de viviendas vacías que ha dejado el estallido de la burbuja inmobiliaria en la ciudad. Hablar de cifras es complicado a pesar de intentos por realizar un censo. Se hablaba de una horquilla de entre siete mil y trece mil viviendas desocupadas (hubo quien habló de quince mil), la mayoría de las cuales pasó a manos de las entidades bancarias que habían posibilitado su construcción y/o su compra. BBVA es probablemente el mayor propietario de inmuebles en la ciudad debido a que a su propia bolsa tuvo que unir las de Unnim y posteriormente el parque de Catalunya Banc (Caixa de Catalunya).
La “oferta”, necesidad, el efecto llamada, cada uno de esos factores y otros e interrelacionados entre sí han configurado una situación ciertamente compleja que ha llevado al Ayuntamiento a matizar su discurso y a empezar a entender la cuestión también como un problema. Oficialmente, el Consistorio dice tener contabilizadas en torno a 1.500 viviendas ocupadas, pero extraoficialmente se barajan cifras que superan ampliamente los 3.000 inmuebles ocupados. El problema no está en el fenómeno en sí mismo y su debate social e incluso jurídico, sino en si la ciudad, si la administración va a poder dar respuesta a la situación generada de tipo asistencial, de suministros y también de seguridad. No olvidemos que estamos hablando de un problema de convivencia en las denominadas ocupaciones incívicas y delictivo en relación a las mafias que facilitan las ocupaciones a precio tasado o incluso con alquileres.
