El Parlament ha aprobado hoy la ley de comercio, servicios y ferias, que prevé que los establecimientos comerciales en Cataluña puedan abrir un máximo de 75 horas a la semana y deban cerrar entre las 21:00 y las 06:00 horas de octubre a mayo y entre las 22:00 y las 07:00 horas de junio a septiembre.
La nueva ley ha sido aprobada por el pleno del Parlament con los votos a favor de Junts pel Sí (JxSí), con apoyos asimétricos a distintos aspectos de la ley por parte del resto de grupos.
Uno de los puntos más sensibles de la ley es el que aborda los horarios comerciales y, de hecho, varios de los diputados que han intervenido en el debate parlamentario han dado por hecho que el Gobierno del Estado recurrirá la norma catalana ante el Tribunal Constitucional (TC).
La solución de avanzar a las 21:00 horas el límite de apertura de los establecimientos comerciales durante el periodo invernal ha sido fruto del acuerdo entre JxSí y el PSC, mientras que el límite de 75 horas semanales, lejos de las 90 horas de la norma estatal, ya figuraba en el redactado original del proyecto de ley.
La ley también contempla que los comercios pueden permanecer abiertos hasta ocho domingos y festivos al año, aunque cada ayuntamiento debe fijar dos festivos más para su ámbito territorial.
Otro aspecto incorporado a la ley hace referencia a las zonas de degustación dentro de los establecimientos destinados a la venta de productos de alimentación: se considerarán actividad comercial si no superan el 33 % de la superficie de venta del local ni sobrepasan los 30 metros cuadrados.
La ley establece que no se puede ofrecer ni vender productos o servicios por medio de llamadas o mensajes telefónicos o a través de visitas a domicilios si no han sido aceptados por los destinatarios y los vendedores lo pueden acreditar.
En defensa de la ley, el conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, ha destacado que la nueva normativa representa una “ola liberalizadora importante destinada a favorecer la actividad económica” en un contexto de “globalización”.
Según Vila, la ley supone una “simplificación de la regulación, una liberación de las cargas administrativas” y una “flexibilización del marco normativo” que aporta “seguridad jurídica para la actividad empresarial”.
