El conseller de Territori i Sostenibilitat, el terrassense Josep Rull, mostró ayer su apoyo a los alcaldes del Vallès Occidental y Baix Llobregat que reclaman al Ministerio de Fomento la finalización del enlace entre la A-2 y AP-7. Entre esos municipios se encuentran Castellbisbal, que lidera esta reivindicación histórica, Rubí, Sant Cugat y Terrassa.
En un acto celebrado ayer en el Ayuntamiento de Molins de Rei, los representantes municipales constituyeron un grupo de trabajo, en el que se ha incorporado también el departamento de Territori i Sostenibilitat. El objetivo no es otro que el de impulsar las acciones necesarias para que se finalice esta obra, adjudicada por el Ministerio de Fomento hace ya una década.
Este grupo de trabajo lo conforman los ayuntamientos de Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat y Terrassa, pertenecientes al Vallès Occidental, y de Corbera, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca y El Papiol, del Baix Llobregat.
Para Josep Rull, este enlace "es una obra de país, forma parte del corredor viario mediterráneo y es una de esas inversiones que con pocos recursos genera un gran retorno económico, social y ambiental", afirmó ayer.
"Lo que pedimos -prosiguió el conseller- es que se reduzcan los plazos (para finalizar las obras) e información transparente ya que hay muchas empresas que pierden competitividad porque esta conexión no está finalizada".
Acciones conjuntas
Por su lado, el alcalde de Castellbisbal, Joan Playà, impulsor de la iniciativa, manifestó que "los municipios afectados hemos decidido continuar realizando acciones conjuntas para lograr que la conexión se acabe". Asimismo, el primer edil de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, destacó el frente común que han constituido los alcaldes al afirmar que "hoy (por ayer) diez municipios nos hemos reunido para reclamar la finalización de una obra capital para el territorio y para el país".
La conexión entre la A-2 y la AP-7, a la altura de Castellbisbal, es una obra de 74 millones de euros incluida en el protocolo firmado entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat en el año 2005. Los trabajos se adjudicaron en 2007, pero a lo largo de los años han ido sufriendo diferentes paros y reinicios.
El nuevo enlace, que está prácticamente acabado, conectará las dos vías sin tener que pasar por el peaje de Martorell y, al mismo tiempo, aumentará la conectividad territorial del norte del Baix Llobregat a la red viaria de altas prestaciones.
A mediados del pasado mes de mayo, Fomento anunció extraoficialmente que las obras se retomarían este verano y que se ejecutarían en un plazo de 19 meses, de manera que el enlace estaría listo en 2019, trece años después de la licitación del proyecto.
Este nuevo calendario fue anunciado por director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Jorge Urrecho, en un encuentro con el alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca.
Así, el proyecto complementario que motivó la última paralización de las obras, en 2016, supuestamente ya está acabado, lo que debería permitir reanudar los trabajos este mismo verano.
El nuevo proyecto, que supone la tercera modificación que se hace sobre el original, ha comportado una variación del presupuesto inicial, que ha pasado de 50 a 74 millones de euros (gran parte de ese dinero ya se ha empleado para la nueva infraestructura). De hecho, hace seis años que la obras ya debería estar terminada ya que sólo queda por acabar el último tramo para garantizar la conexión.
Los Presupuestos Generales del Estado de este 2017 contemplan una partida de 2,8 millones para retomar los trabajos este verano y Fomento prevé seguir invirtiendo 1,5 millones en 2018 y 4,8 millones en 2019 para finalizar la conexión.
El enlace ahorrará a los vehículos un trayecto de 12 kilómetros por carreteras comarcales para poder pasar de la AP-7 a la A-2 y viceversa. Se calcula que por estas carreteras circulan a diario 40 mil vehículos que realizan este intercambio entre la autopista y la autovía.
