Ya hace meses que el triángulo que conforman el Ayuntamiento, la Fundació Sant Llàtzer y el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) está en el centro del debate político por el papel que cada una de estas instituciones juega en el sistema sanitario local. El debate plenario del jueves puso de manifiesto que sigue habiendo muchas sombras alrededor de las relaciones tejidas entre los tres actores y, de nuevo, como sucedió hace un mes, la que más dudas genera es la Fundació Sant Llàtzer.
El asunto fue objeto de discusión a raíz de la intervención de Xavier Lleonart, presidente del comité de empresa del CST y portavoz de la sección sindical de Metges de Catalunya, que tuvo el apoyo de TeC y CUP, grupos que trasladaron sus reivindicaciones en forma de propuesta de resolución. Lleonart puso sobre la mesa la "delicada situación económica del CST", que deriva en restricciones para contratar personal, y pidió la implicación de la Fundació Sant Llàtzer (entidad privada) y del Ayuntamiento, que tienen una participación del 20%, respectivamente, en el CST. El 60% restante pertenece a la Generalitat. Lleonart explicó que el CST le paga a la Fundació en concepto de alquiler del Hospital Sant Llàtzer 460 mil euros. Del mantenimiento del inmueble, 213 mil euros al año, también se hace cargo el CST. La Fundació destina estos recursos (así, al menos, lo explica el equipo de gobierno) a pagar el préstamo de 5,3 millones (a razón de 226 mil euros anuales, aproximadamente) que contrajo en 2006 para actualizar las instalaciones del Hospital de Sant Llàtzer. Por tanto, resumió Lleonart, "obtiene un beneficio de 240 mil euros anuales por esta operación".
La implicación municipal
El representante de los trabajadores pidió al Ayuntamiento (que hasta 2012 controlaba la fundación y que ahora sigue teniendo un peso importantísimo en ella, con el alcalde al frente de la misma) que haga gestiones para que la renta que pague el CST no sea superior a la amortización del crédito que abona la Fundació.
La petición suscitó una fuerte reacción en contra del equipo de gobierno. Maruja Rambla, concejal de Salud, arrancó diciendo que el pleno no tiene potestad para tomar decisiones que impliquen a la Fundació, al ser una entidad privada gestionada por un patronato. Afirmó, además, que aceptar la petición de los profesionales del CST suponía "provocar el suicidio" de la Fundació. La "solución", dijo, "está en los presupuestos de la Generalitat, que tiene las competencias en materia de salud".
También el PP, C’s, PDeCAT y ERC expresaron sus dudas ante la conveniencia de aceptar la reducción del alquiler. La medida tiene implicaciones económicas para la Fundació, que arrastra una deuda de 17 millones de euros, y pidieron posponer este asunto para analizarlo y debatirlo, de nuevo, en septiembre. Javier González (C’s) criticó la "instrumentalización" de la Fundació por parte del Ayuntamiento y la "falta de valentía" del alcalde, Jordi Ballart, a la hora de tomar decisiones que afectan a dicha institución, a quien le dijo: "Si no son activos en el consejo de gobierno del CST, mejor salgan de él".
Isaac Albert (ERC) insistió en que el debate no era sobre competencias. "Si las competencias son de la Generalitat, ¿qué hace el Ayuntamiento y la Fundació en el consejo de gobierno del CST?", preguntó. "Lo que se está pidiendo es que el Ayuntamiento tenga un papel activo y protagonista en la política sanitaria en la ciudad", continuó, lo que se traduciría en inyección de recursos al CST. Albert, aún subrayando la importancia histórica de la entidad en la ciudad, pidió " luz, transparencia y una toma de decisiones claras sobre el CST". Y lanzó otra pregunta al aire: "Ya que la Fundació es socia del CST, ¿es adecuado que le cobre un alquiler?".
Otro asunto espinoso que salió el jueves a la luz tiene que ver con los compromisos asumidos por el equipo de gobierno en el plan de empresa del CST aprobado, con el visto bueno de las concejales Maruja Rambla y Rosa Maria Ribera, en noviembre de 2016.
800 mil euros en el aire
Lleonart afirmó que en ese documento consta el compromiso del Consistorio de transferir al CST 800 mil euros, repartidos en tres años (2017,18 y 19), pero que el dinero aún no había llegado. De hecho, no está previsto que llegue. Así lo confirmó el concejal de Hacienda, Alfredo Vega, que no ha aprovisionado tal cantidad en los presupuestos: "Me acabo de enterar hoy (por el jueves)de estos 800 mil euros", Sostuvo que si existiese tal obligación, el órgano gestor del CST hubiese activado los mecanismos necesarios para hacerla efectiva. Rambla fue tajante y aseguró: "Ese compromiso no existe", al igual que Ribera, que negó con la cabeza.
Xavier Matilla, portavoz de TeC, remarcó la "gravedad" de que el alcalde, vicepresidente del CST y presidente de la Fundació, "desconozca" los datos aportados por los médicos. El edil pidió "transparencia y responsabilidad a quienes han puesto a la Fundació en una situación límite".
La concejal de la CUP, Maria Sirvent, puso en cuestión la gestión del CST a lo largo de los últimos años. La edil criticó la "utilización de la Fundació para realizar determinadas operaciones que no se pueden hacer desde las administraciones", en referencia a la compra de los terrenos de Torrebonica (auspiciada por el Ayuntamiento, pero ejecutada por la Fundació) y a la petición de un crédito por parte de la Fundació en 2006 porque el CST, debido a su deuda histórica -según admitió Rambla- no podía contraer préstamos. La operación, dijo, la llevó a cabo Pere Vallribera, que era gerente de ambas instituciones.
Finalmente, el asunto del alquiler y del plan de empresa fue retirado de la moción para ser debatido en septiembre. El resto de puntos, que tenían que ver con la asignación de recursos por parte del Catsalut para asegurar la reposición del personal jubilado, fueron aprobados por unanimidad.
