El Gobierno ha decidido hoy aumentar el control sobre los gastos de la Generalitat de Cataluña para evitar que destine “ni un solo euro” a convocar el referéndum que pretenden celebrar los independentistas el 1 de octubre, y, en caso contrario, suspenderá las entregas del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA).
Para ello, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en una reunión presidida por Mariano Rajoy, ha acordado que se le remitan semanalmente los gastos del gobierno catalán, una decisión que ha sido interpretada por el Ejecutivo de Carles Puigdemont como un acto de “propaganda y amenaza”.
Ha sido el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha informado de esta decisión.
No se trata de una medida nueva, pero sí que acentúa los controles que se pusieron en marcha en 2015 sobre las cuentas de la Generalitat para garantizar el interés general.
Ya entonces se dejó claro que los recursos del FLA destinados a la financiación del déficit, que ya se desembolsaban directamente a los proveedores, sólo se podrían dedicar a abonar facturas de servicios públicos fundamentales.
Además de esa condicionalidad, el interventor de la comunidad debía remitir al Ministerio de Hacienda un certificado inicial en diez días y una actualización mensual de toda la ejecución del presupuesto de la administración catalana y de sus empresas u organismos.
El objetivo era constatar que los gastos no contravenían el ordenamiento jurídico, y, para ello, ya se exigía a la Generalitat conexión telemática con su sistema para tener control directo e las facturas.
Con la decisión de hoy, ese control aumenta, ya que se exige a la Generalitat que la remisión de los datos sea semanal y que haya certificados individuales de una serie de cargos.
En concreto, tendrán que enviarlos los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
El Ministerio de Hacienda se encargará de la verificación de la información que envíen y, si constatara que se está destinando dinero público para la celebración del referéndum, trasladará el asunto a las autoridades competentes y congelará el desembolso del FLA.
El Gobierno considera esta decisión “una vuelta de tuerca” al control de los gastos de la Generalitat y la justifica por “la radicalidad que se ha apoderado del Ejecutivo catalán”.
Según Méndez de Vigo, se trata de “una actuación preventiva a favor del bienestar y de la prosperidad de todos los catalanes”.
La aplicación del acuerdo será inmediata y se prevé que la próxima semana el Gobierno reciba ya los primeros datos en aplicación del mismo.
En nombre del Gobierno de la Generalitat, su secretario de Economía, Pere Aragonès, ha acusado al Gobierno de querer frenar el referéndum “colapsando administrativamente” al ejecutivo catalán y ha advertido de que el propio Estado se puede “embozar” si “corta el grifo” de la financiación a Cataluña.
Aragonès ha calificado de “irresponsable” al Gobierno y ha asegurado que esta decisión se enmarca en una estrategia de “propaganda y amenaza” sobre los trabajadores públicos, los proveedores y los servicios públicos.
“Hay una clara discriminación ideológica por parte del Gobierno del Estado”, ha denunciado Aragonès, que cree que éste “trata diferente” a los catalanes porque “votan de manera diferente a lo que ellos quieren”.
El PDeCAT y ERC han pedido la comparecencia en el Congreso y en el Senado del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique esta medida.
Por su parte, el PSC, por boca de su diputada autonómica catalana Alicia Romero, ha considerado que en el anuncio del Gobierno hay “un punto de amenaza y coacción”.
También el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carizosa, ha rechazado que el Gobierno condicione el dinero destinado a mejorar la vida de los catalanes a las actuaciones de la Generalitat.
