Mina, Aigües de Terrassa espera recibir la memoria sobre la gestión pública del agua para concretar si recurre la decisión, pero de momento ya deja claro que cree que el proceso no ha sido imparcial. “Hemos visto que la voluntad de municipalizar el servicio estaba clara de antemano”, comenta Josep Lluis Armenter, director general de Mina.
A su juicio, la comisión político-técnica que ha evaluado los distintos modelos de gestión y ha escogido la fórmula pública como la más eficiente y sostenible, “tiene una representatividad sesgada. Los representantes políticos son mayoría a favor de minicipalizar, la FAVT está en la Taula de l’Aigua, la Unió de Consumidors de Catalunya representa a todos los consumidores y no hay presencia empresarial”.
La consesionaria, que sigue el frente del servicio en régimen de prórroga forzosa, insiste en que si la gestión del agua pasa a manos municipales “las tarifas subirán, independientemente incluso del coste de la reversión de bienes”. Armenter cita ejemplos de municipalización como “Berlín, París, Arenys de Munt o Figaró Montmany. No hay ningún caso de éxito. En París el primer año recortaron las inversiones un 30% para bajar las tarifas, que en 6 años han subido un 17%. Es algo de lo que no se ha hablado en los debates” sobre el futuro del agua celebrados meses atrás.
En Terrassa la gestión empeorará, afirma. El director general de Mina sostiene que “el Ayuntamiento ha manospreciado la profesionalidad de Mina” y baticina que, con la municipalización, “los stándares de calidad bajarán”.
La empresa quiere ser “rigurosa” y no revelará si recurre hasta conocer el detalle de la memoria. “Si lo hacemos -apunta-, no será por el precio del agua, será en defensa de los derechos de Mina”. La compañía quiere comprobar, entre otras cosas, si el informe económico de la memoria se ha hecho en base a una indemnización por valor de 2 millones de euros, como defiende el Ayuntamiento, o de 60 millones, como reclama la empresa.
Retiran el contencioso de Gaya
Desde hace meses, Mina centra su estrategia procesal en dos aspectos: las condiciones de la extinción del contrato y el coste de la reversión de bienes. En abril, la compañía retiró el contencioso contra el nombramiento del comisionado del Agua, Joan Gaya “para centrarnos en los temas importantes”.
La memoria de la gestión del agua detalla el modelo de Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) como el más idóneo e incluye los estatutos de la nueva empresa y el reglamento del servcicio, que prevé la incorporación de dos ciudadanos al consejo de administración.
Mina afirma que algunos de los avances recogidos en el documento ya “los pusimos sobre la mesa” en la propuesta de gestión mixta formulada al Ayuntamiento. “Nosotros ya hablábamos de modernizar, de un nuevo formato de empresa incorporando la participación ciudadana”.
En ese proceso “el Ayuntamiento de Terrassa ha mirado hacia otro lado. O no nos hemos sabido explicar o no nos han querido escuchar”, afirma Armenter.
