La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Terrassa acusa al BBVA de practicar "acoso inmobiliario" con las personas que ocupan de forma ilegal algunos de los pisos que la entidad bancaria posee en la ciudad. Como ejemplo de la "presión" que aseguran que el BBVA ejerce sobre los moradores de las viviendas "ocupadas" explican el caso de Ana Isabel Morales, que reside junto a su hija de siete años en una vivienda, propiedad de la citada entidad, en la calle de Tarragona, en Sant Pere Nord. El lunes por la noche, explica Ana Isabel, al entrar al piso después del trabajo encontró una nota que rezaba: "Nos han avisado de que está ocupado aún. Perdona si ves algunas persianas bajadas o cosas movidas. Hemos cambiado el agua al pájaro. Saludos". Tras el susto inicial e indignada por el "recochineo" de los asaltantes, comprobó que habían hecho un agujero en el lavadero para colocar en la pared un soporte de alarma. En el balcón había una pegatina de INV Seguridad, la misma empresa que accedió al piso en abril para cambiarle la cerradura. Entonces, tenían una orden de desalojo contra la anterior inquilina, aunque ésta ya no vivía ahí en aquel momento.
Hace dos meses, tras hablar con BBVA, que negó que tal empresa acudiese en su nombre, consiguió en pocas horas que le entregasen las llaves, aunque no cambió la cerradura. El lunes entraron sin necesidad de forzar la puerta. Ana Isabel ha denunciado los hechos ante los Mossos d’Esquadra ya que los que entraron al inmueble lo hicieron sin orden judicial. Critica "las prácticas mafiosas" que utiliza el BBVA con los "realojados" en pisos de su propiedad, "en lugar de negociar un alquiler social".
Guillem Domingo, de la PAH, asegura que este es sólo un ejemplo de "la presión" a la que las entidades bancarias, "en especial el BBVA, que es uno de los bancos más duros a la hora de negociar y de los que más pisos vacíos posee en Terrassa", somete a las familias que ocupan de forma irregular. "Está claro que la empresa tenía un encargo, que clarísimamente está practicando acoso inmobiliario, que, como recogen diversas leyes, es ejercer presión para hacer que alguien abandone su vivienda habitual", denuncia. Desde el BBVA afirman que no tienen constancia de que ningún departamento del banco haya pedido realizar ninguna actuación sobre ese piso en cuestión.
Reunión hace una semana
Se da la circunstancia de que el caso de Ana Isabel y de otros moradores del bloque de pisos de la calle de Tarragona fue tratado en una reunión que mantuvieron la semana pasada la PAH, el BBVA y el Ayuntamiento. La PAH reclamaba que el BBVA ofreciese alquileres sociales a quienes ocupan sus pisos vacíos y que no abriese procedimientos judiciales contra estas personas. No lo consiguieron.
El BBVA explica que su política es la de negociar un alquiler social con las personas que hayan sido clientes; es decir a quienes ellos le hayan ejecutado la hipoteca. Del resto, explican, entienden que deben hacerse cargo el Ayuntamiento y la Generalitat y asignarles, si reúnen los requisitos, alguno de los 800 pisos que el BBVA ha cedido al Govern en toda Catalunya. La entidad asegura que no abre procedimientos judiciales de desalojo a familias vulnerables. Sin embargo, Ana Isabel, que está en trámite de acceder a un piso del fondo social de vivienda (formado por inmuebles de bancos) tiene un proceso de desahucio en marcha a instancias del BBVA, asegura la afectada.