El Ayuntamiento estima que alrededor de cinco mil terrassenses podrían beneficiarse de la renta garantizada de ciudadanía, la nueva prestación aprobada por el Parlament de Catalunya que entrará en vigor a partir del 15 de septiembre. La cifra la facilitó ayer la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Servicios a las Personas, Lluïsa Melgares, que ofreció una charla junto a Raúl Moreno, diputado socialista, a militantes y simpatizantes del PSC sobre las particularidades de esta nueva prestación.
Una de estas novedades es que se abre a que puedan cobrarla también personas con un empleo a tiempo parcial cuyos ingresos estén por debajo de la renta garantizada, que es de 664 euros, equivalente al índice de la renta de suficiencia de Catalunya. Melgares explicó que, de entrada, el 15 de septiembre los 1.500 beneficiarios de la Pirmi en Terrassa pasarán a cobrar esta nueva renta, a la que se irán incorporando las familias monoparentales y las que tengan empleo a tiempo parcial con escasos ingresos. La edil valoró que la nueva prestación "garantiza unos mínimos vitales para que la gente tenga autonomía para salir adelante". Raúl Moreno enfatizó que ese es el objetivo: "garantizar unos mínimos de vida digna a todas las personas que viven en Catalunya". La nueva prestación supone "una transformación de las políticas sociales actuales" y trata de "poner orden" en las distintas prestaciones sociales que existen, "hacerlo más fácil desde el punto de vista ciudadano" y "facilitar el trabajo a los profesionales de los servicios sociales". Moreno explicó que aunque la renta garantizada no sustituye a todas las demás prestaciones en vigor sí persigue hacer más eficaz el sistema. "Si antes una persona recibía una ayuda escolar, otra para el alquiler, otras para la luz, el agua o el gas, ahora se intentará que todas se integre en una prestación".
Se pretende que la nueva ayuda garantice a las familias "aquello que se consideran necesidades básicas". Además, se procurará llegar a sectores que "hasta ahora tenían dificultades para percibir ayudas y a los que se les mareaba entre distintas mesas y distintas administraciones", explicó el diputado socialista.
Dudas en la aplicación
La aplicación de la ley los cuatro últimos meses del año esta garantizada por los 270 millones disponibles, pero al PSC le preocupa que el Govern no haya entregado al Parlament la memoria económica de la norma. Su grupo calcula que se necesitarán entre 800 y 900 millones anuales para desarrollarla. "Estaremos muy atentos a su desarrollo porque no hay nada peor que tener una buena ley, pero mal aplicada", lamentó Moreno.
