No hubo escisión (aparentemente) en el equipo de gobierno. El PP, cuya propuesta podía poner en jaque a los socios por sus posturas ante el referéndum del 1 de octubre, no consiguió que se evidenciara ninguna división. Es más, el PDeCAT insinuó que hay algo así como un pacto o un hoja de ruta para que en Terrassa se pueda votar sin que ello incomode al PSC ni erosione al gobierno local.
El PP pedía en su moción que el Ayuntamiento se comprometiese a no dar apoyo, así como tampoco proporcionar medios materiales ni humanos el próximo 1 de octubre. Sólo C’s apoyó la propuesta. El resto de grupos, incluido el PSC, votó en contra.
Todos los grupos trataron de poner en evidencia al PSC, de subrayar su "ambigüedad" y sus "contradicciones", mientras que el PDeCAT resaltaba las palabras del alcalde, Jordi Ballart, de hace unos días, cuando dijo que su voluntad no es impedir la consulta.
Del dicho al hecho
Pero ERC fue el más duro con el PSC y con el primer edil: "No permitiremos que haga ver que dice lo que no dice, ni que lo haga el PDeCAT para mantener cierta tranquilidad", advirtió Isaac Albert. El republicano leyó la moción del PP y la comparó con el acuerdo de junta de portavoces presentado por el PSC, que salió adelante (sin opción a ser debatido) gracias a la abstención de TeC, PP y C’s. Ambos textos hablan de referéndum "ilegal" y se muestran en contra de su celebración. Los socialistas, en su propuesta, avanzan que solicitarán un informe al secretario municipal sobre la participación del Ayuntamiento en el referéndum. "¿Qué piensan preguntarle al secretario si ustedes ya dicen que el referéndum es ilegal? Aclárense", le espetó el popular Álex Rodríguez al PSC.
C’s remarcó la "impostura" de los socialistas al "hacer ver que defienden la legalidad" y "querer pasar de puntillas" por el debate sobre el referéndum.
Este punto del pleno fue seguido con atención por la asamblea local de la ANC, que a través de Maria Sirvent (CUP) expresó su postura. La entidad aseguró que no aceptará que la decisión sobre la participación del Ayuntamiento se delegue en el secretario, que es un funcionario del Estado, porque "sería como si la decisión la tomase una de las partes". La ANC pidió que el Ayuntamiento acate la ley que prepara el Govern para dar cobertura legal al referéndum y ceda los espacios necesarios para que se pueda votar.
El concejal del PSC Amadeu Aguado insistió en que tanto su grupo como el alcalde "defienden la legalidad" y aseguró que el pacto con el PDeCAT es "estable" porque ambos tienen "muy claro" sus diferencias en el ámbito nacional. Su socio de gobierno, Miquel Sàmper, afirmó que el PDeCAT "velará" por que el referéndum pueda celebrarse en Terrassa: "El objetivo prioritario de los tres concejales del PDeCAT es que los egarenses voten el 1 de octubre como si fuesen unas elecciones normales, con todas las garantías", señaló, y pidió calma hasta que el próximo martes el Govern dé a conocer los detalles legales y logísticos de la consulta.
Tras la discusión del referéndum, el alcalde suspendió el pleno por haber sobrepasado las doce de la madrugada. Era la una y, aún así, quedaron siete propuestas de resolución sin debatir.
