Multas coercitivas, expropiaciones temporales del uso de las viviendas y penalizaciones fiscales. Son las tres principales herramientas que tienen a disposición las administraciones locales para tratar de movilizar el ingente parque inmobiliario vacío que está en manos de los grandes tenedores, básicamente de las entidades financieras,
El dictamen jurídico elaborado por Joan Amenós, profesor de Derecho Administrativo en la UAB, y Juan Emilio Nieto, profesor asociado, compila las distintas medidas que pueden aplicar los ayuntamientos para tratar de que las entidades financieras cedan sus viviendas vacías para el alquiler social. El informe, encargado por el Consell Comarcal, pretende ser una guía sobre “cómo aplicar” las distintas leyes en vigor para movilizar el parque de vivienda y así evitar al máximo la impugnación o las trabas en el proceso. Pol Altayó, consejero comarcal de Vivienda, recordó que de los 23 municipios de la comarca, Terrassa y Sabadell sí han emprendido vías legales contra los pisos vacíos -haciendo frente a “infinidad de problemas”- pero el resto de la comarca no ha utilizado estos mecanismos “por no tener claro cuáles son los instrumentos y cómo aplicarlos”.
El dictamen ha tenido que salvar dos obstáculos, de entrada. Por un lado, la dispar dimensión de las localidades de la comarca y el hecho de que no todas tenían experiencia en actuar legalmente contra los pisos vacíos. Y en segundo lugar, la “crisis” que ha vivido la propia legislación en materia de vivienda, comentó Amenós. El profesor explicó que la Llei d’Habitatge de 2007, que fue “muy avanzada a su época” (ampara las multas a los bancos por viviendas vacías) no se ha desarrollado en un reglamento, lo que dificulta su aplicación. Además, resaltó, el “alud” de legislación a partir del año 2015, lo que dibuja un panorama “complejo” que era necesario “ordenar”.
El punto de partida del informe es que la vivienda vacía “es un mal para la ciudad” que la convierte en “fantasmagórica”. Los municipios tienen, principalmente, tres vías legales para actuar. La más antigua es la ley de 2007, que permite la imposición de multas coercitivas para quien no cumpla con la función social de la vivienda (tener el inmueble desocupado durante más de dos años sin causa justificada). Este es el mecanismo que viene utilizando el Ayuntamiento de Terrassa desde finales de 2013. Hasta el momento ha abierto alrededor de mil expedientes, que han derivado en un centenar de multas y una recaudación de 220 mil euros.
Expropiaciones concretas
La norma catalana también permite la aplicación de sanciones de hasta 900 mil euros, pero Amenós alerta de que su aplicación requeriría de un estudio más profundo ya que presenta algunas “dudas de constitucionalidad”. Sí considera que las administraciones podrían empezar a incoar los expedientes pertinentes para tratar de forzar así la cesión de las viviendas.
En segundo lugar, los ayuntamiento pueden hacer uso de la ley catalana 4/2016 que regula la expropiación temporal del uso de las viviendas para aumentar el parque de pisos sociales de alquiler. El Ayuntamiento de Terrassa se ha comprometido a expropiar 200 pisos este año. El problema de esta medida, señaló Amenós, es que “no es gratis” y el alquiler que pagarían los inquilinos debería cubrir el coste de expropiación, por lo que el profesor considera que su aplicación convendría en “casos concretos” para “situaciones muy graves de emergencia social”.
La tercera vía para actuar contra los pisos vacíos, que Amenós considera que es la que acabará imponiéndose en el ordenamiento jurídico, son las medidas tributarias. En este momento existe un impuesto creado por el Govern sobre los pisos vacíos de los grandes tenedores. También, explicó Amenós, hay la previsión estatal de aplicar un recargo en el IBI para este tipo de inmuebles sin uso.
El presidente del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez, subrayó la “necesidad” de los municipios de encontrar una salida a la “anómala” situación que supone tener 7.601 viviendas vacías en la comarca en manos de grandes tenedores. Movilizar esta cantidad de pisos vacíos, prosiguió, es la solución para atajar “gran parte” de los problemas de vivienda que tienen los ayuntamientos, como son los desahucios (hubo 1.256 lanzamientos en 2016 en la comarca), las ocupaciones (se estima que el 30% de estos 7.601 pisos de bancos están ocupados irregularmente), el aumento “desmesurado” de los precios del alquiler y el “sobrecalentamiento” del sector inmobiliario, que parece que se encamina a una nueva burbuja.
