La preocupación de los españoles por los casos de corrupción y fraude se ha disparado tras iniciarse el caso Lezo y ya es uno de los principales problemas para el 54,3 % de los ciudadanos, 12,3 puntos más que un mes antes, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado hoy.
Así consta en el último barómetro del CIS correspondiente al mes de mayo, realizado entre el 1 y 9 de ese mes, justo unos días después de que comenzara la operación Lezo y de la detención en abril del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
La inquietud de los españoles por la corrupción y el fraude pasa del 42 por ciento del informe de abril al 54,3 por ciento de este último barómetro y alcanza cifras desconocidas desde hace dos años, cuando la preocupación ciudadana por este asunto dio un salto cuantitativo por los casos Gürtel, Púnica, Pujol o las tarjetas opacas de Caja Madrid.
Sigue siendo, sin embargo, el segundo problema citado por los españoles, que continúan viendo el paro como su principal preocupación, mencionada por el 71,3 por ciento, porcentaje ligeramente superior al 69,6 por ciento de abril.
Como tercera inquietud se mantiene la etiquetada como “problemas de índole económica”, a la que hace alusión el 21,2 % (21,2 % en abril), y la cuarta posición la siguen ocupando los políticos en general, con el 18,1 % (20,9 % un mes antes).
A continuación sigue estando la sanidad, que preocupa al 9,6 %, tres puntos menos que en abril, y los problemas de índole social, con el 9,2 %, frente al 10,1 % anterior. Estos últimos escalan hasta el sexto puesto y superan a la educación, ahora en séptimo lugar, una inquietud para el 8,8 % de los encuestados, 1,6 puntos menos que el barómetro de abril.
Ya con porcentajes muy poco significativos, y hasta completar el ránking de las diez primeras preocupaciones, continúan estando los problemas relacionados con la calidad del empleo (7,3 %), las pensiones (4,3 %) y la inmigración (3,5 %).
El terrorismo internacional preocupa al 1,9 % de las 2.479 personas a las que ha entrevistado el CIS para este sondeo, una décima menos que un mes antes, en tanto que la independencia de Cataluña es citada por el 0,9%, mientras que un mes antes esa cifra era del 1,5 %.
La percepción de los encuestados sobre la situación política empeora y sube al 72,9 por ciento quienes la califican de “mala o muy mala”, casi cuatro puntos más que en el mes de abril.
Por contra, sólo el 2,5 por ciento considera que la situación es “muy buena o buena” (frente al 4,2 del mes anterior) y un 21,1 por ciento tilda el momento político de “regular”, (en abril era el 24 por ciento).
Respecto a la situación política dentro de un año, sube casi cuatro puntos el porcentaje de quienes creen que será peor que ahora, al llegar al 24,3 por ciento frente al 20,7 por ciento de hace un mes.
Mientras, son mayoría (47,5 por ciento) quienes piensan que no habrá variación, porcentaje que en abril era algo mayor, superaba ligeramente la mitad (50,2 por ciento)
Si en abril el 13,7 por ciento opinaba que el futuro iría a mejor, en mayo quienes optan por este calificativo es más bajo, el 11,7 por ciento.
También analiza el CIS la situación económica, que para el 58,9 % es “mala” o “muy mala”, 3,2 puntos más que un mes antes, y para el 35,1 % es regular (en abril era del 37,3 %); descienden sin embargo los más optimistas que perciben la situación como “buena” o “muy buena”, el 5,4 % frente al 6,2 % del informe anterior.
Con la vista puesta en el próximo año, los españoles son más pesimistas, porque el 18,5 % teme que la economía vaya a peor (3,3 puntos más que en abril) y bajan ligeramente los que confían en que vaya a mejor, que pasan del 24,8 % al 23 %.
El barómetro del instituto demoscópico pregunta, como es habitual, sobre las preferencias de la organización territorial del Estado, y de esta encuesta se desprende que los partidarios del actual modelo autonómico han descendido, al pasar del 40 % en abril al 37 % en mayo, al tiempo que aumentan dos décimas los que prefieren un único gobierno y sin autonomías.
Bajan además los que quieren un Estado en el que las comunidades tengan más autonomía y se mantiene idéntico el porcentaje (9,4 %) de los que abogan por un Estado que reconozca a las comunidades la posibilidad de convertirse en Estados independientes.
