El plan de urgencia impulsado por el Gobierno para agilizar las devoluciones por cláusulas suelo a través de la vía judicial encara su primera semana inmerso en las críticas de funcionarios, letrados y consumidores, que reprochan el exceso de “improvisación” en la puesta en marcha de estos juzgados.
El jueves 1 de junio entraban en funcionamiento las 54 sedes repartidas por toda la geografía española y especializadas para tramitar las demandas por estas cláusulas abusivas, después de que el Tribunal Supremo, a instancias de la alta justicia comunitaria, reconociera el derecho de los afectados a percibir las cantidades abonadas indebidamente desde la firma del contrato.
Sindicatos de funcionarios cargan contra la rápida activación de estos juzgados, designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 25 de mayo, lo que ha generado una situación de “improvisación y la más absoluta ausencia de planificación”.
Así lo denuncia el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), que estima que esta medida “extraordinaria” supone la “ruptura del fuero ordinario”, por el que los asuntos se repartían en función del domicilio de los perjudicados, “con la incomodidad y el aumento de gastos que conlleva”.
Además, advierte de que el establecimiento de estos juzgados se ha producido “sin un previo estudio de campo” con el que poder calcular la cantidad de recursos, tanto humanos como materiales, necesarios para su buena marcha, circunstancia que ha llevado a adoptar, en el plazo “escaso” de una semana, medidas urgentes.
Una crítica en la que insiste el sindicato mayoritario de trabajadores de la Justicia madrileña, STAJ, que reprende la “falta de previsión” de la Comunidad de Madrid al habilitar una sede especializada en obras, sin instalaciones disponibles, “ni mobiliario, sin ordenadores y sin haber recibido la totalidad de la plantilla la formación necesaria” para tramitar los expedientes.
La cualificación del personal ha sido otro de los “caballos de batalla” de estos juzgados, al frente de los cuales se encuentran jueces en prácticas, sin experiencia previa, que deberán dirimir los cerca de 200.000 casos que se prevén, señala la Unión Progresista de Letrados de la Administración (UPSJ).
El CSIF, sindicato con presencia mayoritaria en el sector, va un paso más allá y cuestiona el papel tanto del Ministerio de Justicia, como de los Tribunales Superiores y de las comunidades autónomas con competencias transferidas en este ámbito, entre ellas Andalucía, Canarias, Cataluña o Madrid.
Al respecto, afea su falta de coordinación y lamenta los cuatro meses en los que han estado “mareando la perdiz” sin aportar una respuesta clara.
A falta del primer balance oficial, las instituciones ya han mostrado su compromiso con una especialización que, en su opinión, garantiza que los expedientes puedan resolverse dentro de los adecuados tiempos de respuesta con soluciones uniformes para el conjunto de los afectados.
Durante la reunión de la comisión de coordinación del pasado miércoles, los poderes judiciales y el ministerio acordaron someter este plan de urgencia a evaluaciones mensuales con el objetivo de conocer la entrada de asuntos en cada juzgado y concretar eventuales refuerzos.
Una monitorización a la que también instan los 50 jueces decanos de España, “preocupados” por el posible colapso de estos centros desde su nacimiento, que animan a los Tribunales Superiores de Justicia a informar de la falta de recursos por si debiera suspenderse el plan y repartir nuevamente las demandas entre destinos diferentes.
