En el pasado pleno del Ayuntamiento de Terrassa del 25 de mayo, desde Terrassa en Comú presentamos una propuesta instando a modificar el Real Decreto Ley (RDL) 7/2016 con el que se regulan el consumidor vulnerable de energía eléctrica, el bono social y las condiciones de suspensión del suministro. Este decreto que se convalidó en el Congreso de los Diputados el pasado 31 de enero. Un decreto fruto de un nuevo pacto entre PP y PSOE, que no fue objeto de debate, ni social ni político, ni siquiera hubo debate sobre la pobreza energética, de su alcance, de sus causas y consecuencias. Estamos hablando de un problema que afecta a más de cinco millones de personas, un 11% de la población del Estado español, y si extrapolamos estas cifras a Terrassa estaríamos hablando de unas 23.650 personas que sufren pobreza energética. Una pobreza energética que debería erradicarse garantizando los servicios básicos de agua, luz y gas como un derecho fundamental de la ciudadanía, que debería estar garantizado por las diferentes administraciones públicas.
Pero, mientras esto sucede, las tres grandes empresas eléctricas se siguen enriqueciendo con beneficios millonarios. Endesa, Iberdrola y Gas Natural ganaron, del 2008 al 2015, 37.000 millones de euros entre España y Portugal. Mientras estas empresas son las que tienen las tasas de beneficios más altas de Europa, sus clientes tienen los niveles de pobreza energética más altos de Europa.
El principal problema de este RDL es que se carga de un plumazo el principio de precaución contemplado en la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya, que protege a la personas vulnerables de los cortes de suministros a las que las empresas no pueden hacer ningún corte sin antes asegurarse de si la persona se encuentra en esa situación. Pero además no considera personas vulnerables a las personas que viven solas, ni a aquellas unidades de convivencia que superen unos ingresos de 399 euros/mes y, para evitar el corte, el Ayuntamiento tendrá que pagar el 50% de la factura, volviendo a desviar dinero público a las grandes empresas eléctricas. Este RDL aprobado por PP, PSOE (y también el PSC) y Ciudadanos (esa bonita marca blanca) vuelve a abrir la puerta a los cortes de luz y a dejar a miles de personas y/o familias a oscuras y a hacer evidentes las puertas giratorias y el por qué luego ministros del Gobierno acaban en los consejos de administración de las empresas eléctricas.
Y ¿qué pretendíamos con esta propuesta? Pues que el Ayuntamiento de Terrassa presionase y presentase enmiendas para intentar modificar o derogar este decreto, como ya hicieron la semana pasada los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Cádiz, Valencia, la Coruña, Córdoba y Zaragoza. Y que defienda su autonomía municipal, exigiendo a los grupos parlamentarios que han aprobado este RDL las modificaciones necesarias para garantizar los niveles de protección de la Llei 24/2015, y sobre todo manteniendo el principio de precaución. Esta propuesta de TeC se aprobó en el pleno municipal, pese a los votos en contra del PP y Ciudadanos. El PSC votó a favor y, pese a sus intentos de tirar pelotas fuera, tiene el trabajo y la obligación de corregir a sus diputados/as del PSOE y PSC, que pactaron con el PP y permitieron aprobar este real decreto en favor de las grandes eléctricas y contra las personas más vulnerables que no pueden pagar la luz.
El autor es regidor de Terrassa en Comú
