La Comisión Europea (CE) mostró su preocupación por la alta temporalidad en el mercado laboral en España y la insuficiencia de las medidas para combatir la corrupción política, en su informe sobre las recomendaciones económicas por países con vistas a los próximos meses, publicado hoy.
Bruselas recordó que pese a la creación de empleo en España en los últimos años y a la caída del paro, el desempleo, que se sitúa en el 18,2 %, “sigue entre los más altos de la UE”, en particular entre los jóvenes y las personas menos cualificadas.
También señaló que España tiene una de las mayores tasas de temporalidad de la Unión y que, en comparación con otros países europeos, hay poca transición de contratos temporales a indefinidos y existen “algunos elementos del mercado laboral español que podrían disuadir de realizar contratos indefinidos”.
En particular, el informe se refiere a la incertidumbre en caso de disputa legal después de un despido o a las “comparativamente elevadas indemnizaciones a los trabajadores con contratos indefinidos”.
Aunque el Gobierno ha establecido un grupo de trabajo sobre la calidad del empleo, España “todavía no ha desarrollado un plan integral para combatir la segmentación en el mercado laboral”, añade la CE, que recomienda al país más coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y las empresas y medidas para promover la contratación indefinida.
Por otra parte, la CE señala que pese al “progreso” en la lucha contra la corrupción a través de leyes para asegurar una mayor transparencia y de investigaciones sobre casos de ese tipo a nivel local y regional, no se han desarrollado “estrategias preventivas a medida para mitigar los riesgos de corrupción”.
Tampoco existe una estrategia preventiva compartida en los distintos niveles gubernamentales, añade.
Otra deficiencia, añade el informe, es la falta de legislación para proteger a los “informantes” sobre casos de corrupción, así como el grado de independencia de la Oficina de Conflictos de Interés y la falta de regulación de los grupos de presión.
Bruselas advierte asimismo sobre el “prolongado procedimiento judicial para los casos de corrupción” e indica que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 para limitar los plazos de instrucción, “podría traducirse en impunidad en los casos complejos de corrupción”, para los que los límites temporales podrían no ser suficientes.
Por otro lado, Bruselas llama la atención a España por los escasos ingresos por IVA, pese a tener una tasa estándar, en línea con la media europea, algo debido a la “extensiva aplicación de exenciones y tasas reducidas sobre varios productos y servicios”.
Bruselas plantea en ese contexto una revisión del gasto público para identificar áreas donde mejorar su eficiencia.
La CE recomienda asimismo a España más coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y las empresas para responder a las necesidades de parados y empresarios y medidas para promover la contratación indefinida y abordar las disparidades regionales en los resultados educativos.
También pide al Gobierno que cumpla los objetivos fiscales pactados con la UE, que prevé que el déficit debe situarse en el 3,1 % del PIB en 2017 y en el 2,2 % al cierre de 2018.
Por último, pide a las autoridades españolas que garanticen una inversión “adecuada y sostenible” en la investigación e innovación, y que refuercen la gobernanza a todos los niveles.
