Los ayuntamientos de Terrassa, Barcelona, Madrid, La Coruña, Zaragoza y Valencia participaron ayer en un acto conjunto en la capital de España para denunciar “el ataque al municipalismo” que representa el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que, a su juicio, limita la autonomía local. En todos ellos, excepto en el caso del consistorio socialista de Terrassa, Jordi Ballart, gobiernan partidos surgidos de las distintas confluencias de izquierdas (Barcelona en Comú, Ahora Madrid, Marea Atlántica, Zaragoza en Común y Compromís) que proliferaron en las últimas elecciones municipales.
El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, y el resto de ediles hicieron llegar sus reivindicaciones, plasmadas en una declaración municipalista, a sus respectivos grupos parlamentarios en el Congreso, Unidos Podemos, PSOE y Compromís, así como a PDeCAT y ERC, para pedirles que modifiquen sustancialmente las cuentas del Gobierno durante la tramitación parlamentaria de las mismas. Reclaman que no se recorten las aportaciones a los ayuntamientos, sino que se incrementen, que se reviertan los criterios de austeridad presupuestaria que la llamada Ley Montoro de 2013 (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) impone a las administraciones municipales y que se eliminen las disposiciones adicionales 27 y 35 que “amenazan la municipalización de servicios públicos” como el agua.
Entre sus reivindicaciones piden al Gobierno que les permita disponer de libremente de los remanentes del superávit obtenido en la liquidación de los presupuestos locales para poderlos invertir en servicios sociales, que aumente las aportaciones del Estado a la financiación local en concordancia con la previsión de crecimiento del PIB y que revierta la limitación de las plantillas de las entidades locales.
Incidieron, asimismo, en su interés en presentar estas demandas al PNV y a Ciudadanos, los dos partidos que han “facilitado” al PP la posibilidad de aprobación del proyecto presupuestario.
La municipalización de servicios
El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, tildó de “inadmisible” que el PP pretenda impedir la posibilidad de revertir “por la puerta de atrás” procesos de privatización de servicios públicos que afectan a los derechos laborales de los trabajadores. Es lo que denuncian que busca con las disposiciones adicionales 35 y 27, que suponen un “grave ataque” a la autonomía municipal e impiden a los ayuntamientos incorporar a la Administración Pública a los trabajadores de las empresas cuyos servicios se pretenden municipalizar. Con esta disposición, Terrassa ve claramente amenazado el proceso para gestionar de forma directa el agua.
El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, explicó que hay interpretaciones jurídicas diversas sobre el alcance de la polémica adicional 27, pero denuncia que el objetivo del Gobierno es “impedir la subrogación de los trabajadores” ya que estas incorporaciones computarían en la tasa de reposición de personal de los ayuntamientos, que está muy limitada. En el caso de Terrassa, el secretario municipal “hace una interpretación muy restrictiva” de la disposición, explica el primer edil, por lo que “si se aprueba tal y como está sería muy difícil incorporar a los trabajadores de Mina” al futuro ente público que se pretende crear para gestionar el agua.
Analizar alternativas
A pesar de este impedimento, Ballart asegura que el proceso del agua continúa y que “se analizarán todas las vías y se buscarán todas las fórmulas posibles para mantener a los trabajadores actuales de la concesionaria”. El primer edil lamenta que “todo aquello que los poderes económicos, especialmente las grandes corporaciones del agua, no están consiguiendo en los tribunales lo trasladan al Congreso de los Diputados por la puerta de atrás a través del PP”.
Es “inadmisible”, prosigue, que un asunto “tan importante y de tanto calado político” se introduzca “casi escondido al final de los Presupuestos” y se pretenda así “impedir que un Ayuntamiento pueda decidir el modelo de prestación de servicios que desea para su ciudad”.
El edil sostiene que la disposición 27 “contradice” la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que los ayuntamientos deberán prestar los servicios de su competencia “prioritariamente de forma pública”.
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, denunció que en el caso de que se aprueben los Presupuestos se van a “alimentar” contratos de empresas que, según el dirigente local, “entorpecen” la gestión pública al basarse en acuerdos que implican financiación ilegal.
