Una serie de importantes ayuntamientos españoles, entre los que se encontraba el de Terrassa, representado por el alcalde Jordi Ballart, se citó ayer en el Congreso de los diputados para trasladar a los partidos de la oposición su malestar y su posicionamiento contrario a la disposición adicional 27 incluida en la ley de presupuestos de este año. Esa disposición viene a impedir a los ayuntamientos la incorporación a sus plantillas de los trabajadores procedentes de empresas de servicios cuya actividad pase a ser gestionada de forma directa por las administraciones municipales.
Se materializa con el acto de ayer un frente municipalista contra las decisiones del gobierno de Mariano Rajoy que se entienden como una negación del principio de autonomía constitucionalmente reconocido a los ayuntamientos. La principal consecuencia en Terrassa de la disposición presupuestaria se refiere a la liquidación de la concesión del suministro del agua en Terrassa y la voluntad manifiesta por una amplia mayoría del equipo de gobierno municipal de levar a cabo una gestión directa del servicio.
Curiosamente, las ciudades que se dieron cita en Madrid están gobernadas por representantes de las denominadas confluencias de izquierda, con la excepción de Terrassa, gobernada por el PSC en coalición con PDeCAT. Anécdotas al margen, el alcalde De Terrassa ha decidido dar visibilidad al proceso terrassense asistiendo a las iniciativas que en torno a ese asunto se lleven a cabo tanto en Catalunya como en el resto de España.
Hace algunas semanas se formó un grupo de ciudades catalanas que defiende e impulsa la gestión directa del agua como bien no mercantilizable; la semana pasada estuvo en Valladolid, ciudad, esta sí gobernada por el PSOE, para entrevistar con su alcalde, que está llevando a cabo un proceso similar al terrassense y ayer acudió a la cita madrileña con los representantes de los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, Valencia, La Coruña y Barcelona.
Este frente municipalista pretende que una enmienda votada por la mayoría del congreso haga desaparecer la ya famosa disposición adicional 27, con la que el proceso de municipalización del agua en Terrassa sería inviable si no se encuentra una solución viable como dijo ayer el alcalde Ballart de vuelta de su viaje a Madrid. Por si había poco lío con el agua, sólo hacía falta la disposición 27.
