El Parlament ha aprobado hoy, con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y Catalunya Sí Que Es Pot, una moción que insta al Govern a poner en marcha las “iniciativas oportunas” para disponer del “asesoramiento, reconocimiento y aval” de la Comisión de Venecia a la convocatoria de un referéndum.
La moción, presentada por Catalunya Sí Que Es Pot y acordada con JxSí -la CUP se ha abstenido-, llama a buscar el reconocimiento internacional al referéndum e interpelar a la Comisión de Venecia sobre las condiciones que debería cumplir la cita, de acuerdo con el código de buenas prácticas de este organismo del Consejo de Europa.
Así, el Parlament insta al Govern a solicitar a la Comisión de Venecia que concrete qué condiciones debe reunir la pregunta del referéndum, cuáles son los criterios para que tenga validez, cuáles son las condiciones que debe seguir la campaña, qué características tiene que cumplir el censo electoral o cuáles son los requisitos de imparcialidad e independencia que tiene que tener el órgano que lo organiza, entre otras cuestiones.
Pese a que la moción representa un punto de encuentro entre JxSí y los comunes, en realidad subyace una discrepancia sobre si es imprescindible disponer del visto bueno de la Comisión de Venecia antes de proceder a convocar el referéndum previsto por el Govern.
Durante su defensa de la moción, el portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es buscar el “reconocimiento previo” de la Comisión de Venecia.
En cambio, desde JxSí se argumenta que, si este aval no llega dentro de los plazos previstos por el Govern para la celebración del referéndum, la convocatoria no debe quedar bloqueada.
La moción, en este sentido, se limita a recordar que el Parlament aprobó una resolución en el Debate de Política General de 2016 que instaba a celebrar un referéndum que buscase “el reconocimiento previo de la Unión Europea y de la comunidad internacional”, aprobada con los votos de Catalunya Sí Que Es Pot y JxSí.
Aunque la CUP ha apoyado algún punto de la moción más genérico, se ha abstenido en el apartado referente a la Comisión de Venecia porque, según el diputado Benet Salellas, el reconocimiento internacional “no puede ser ni un requisito ni una obligación”.
Además de los requisitos citados anteriormente, la moción emplaza también al Govern a recabar información sobre el “plazo previo mínimo” entre la aprobación de la normativa reguladora del referéndum, es decir, la futura ley de transitoriedad jurídica, y la fecha de celebración del referéndum, así como la naturaleza y tipología de esta norma que debe proporcionarle “cobertura legal”.
La CUP sí ha votado a favor de dos puntos más genéricos de la moción, como el que constata el “enrocamiento” del Estado y sus instituciones ante la negativa a celebrar un referéndum pactado y sus “comportamientos autoritarios”, o la iniciativa en la que el Parlament acuerda dar apoyo a las movilizaciones con carácter unitario que pueda convocar el Pacto Nacional por el Referéndum.
Con los votos de JxSí y Catalunya Sí Que Es Pot y la abstención de la CUP, también se ha aprobado que el Govern reitere al Gobierno central su “voluntad de celebrar este referéndum de forma pactada y acordada políticamente”, de acuerdo con las vía legales que existen en el marco constitucional español.
Coscubiela ha explicado que esta moción obedece a la “necesidad imperiosa” de buscar el reconocimiento internacional si se quiere “vencer el bloqueo constante y permanente” del Gobierno.
Desde JxSí, su portavoz, Marta Rovira, ha argumentado que esta moción debe “servir y ser útil” para “superar el inmovilismo” en la cámara catalana, debido a la postura de Ciudadanos, PSC y PP, que han votado en contra de todos sus apartados.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido al Govern de que “sólo pueden repetir otro 9N”, mientras que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha subrayado que “su referéndum no cumple con el primer requisito de la Comisión de Venecia, que es el de ajustarse al Estado de Derecho”, algo que a su juicio no cumplirá la ley de transitoriedad jurídica.
El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha opinado que “no existen vía legales” para la celebración de un referéndum, que “no es la solución, sino un problema”.
