El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha impuesto hoy una fianza de 400.000 euros en metálico al exconsejero madrileño y exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados para poder eludir la prisión tras más de dos años y medio encarcelado.
Velasco ha decidido en un auto modificar la situación de prisión incondicional, en la se encuentra desde el 31 de octubre de 2014, a la vista de los últimos registros en la causa en relación con Arpegio-Prisma, lo que disminuye el riesgo de destrucción y desaparición de pruebas, y teniendo en cuenta que ya se ha levantado el secreto que pesaba sobre diversas piezas separadas secretas.
Después de que la defensa de Granados pidiera su excarcelación en reiteradas ocasiones, Velasco, que hoy se ha conocido que deja su puesto en el Juzgado de Instrucción número 6 para irse a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, ha acogido la última solicitud que hizo el pasado 5 de mayo, al considerar que se ha rebajado el riesgo de fuga por el tiempo transcurrido en prisión.
Además, ha considerado que de esta forma Granados podrá acudir “en otras condiciones” al primer juicio oral de Púnica, el del chivatazo que le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y en el que se enfrentará a una petición de la Fiscalía de tres años de cárcel.
Pese a todo ello, el juez de la Audiencia Nacional entiende que no han desaparecido por completo esos riesgos y por ello le impone el abono de 400.000 euros en metálico para poder salir de la cárcel, lo que le impide depositar bienes como pago de esa cantidad.
La fianza deberá ser depositada en una cuenta habilitada por el juzgado y la persona que conste como “fiador” deberá comparecer en el juzgado, y, si el ingreso se hace fuera de Madrid, en el juzgado de guardia correspondiente.
Una vez pagada, Granados podrá salir de la prisión de Estremera (Madrid) en la que se encuentra actualmente y después deberá comparecer en la Audiencia Nacional o el juzgado más cercano a su domicilio dos veces al mes, los días 1 y 15.
A estas medidas cautelares se añade la prohibición salir de España sin autorización judicial y la obligación de facilitar número de teléfono y correo para estar localizado de forma permanente.
El pasado noviembre, cuando vencía el primer plazo de dos años en prisión provisional, la Audiencia Nacional ratificaba la prórroga por otros dos años -el límite máximo legal son 4 años- que había decretado para Granados el juez Velasco.
Granados pidió entonces ser puesto en libertad, alegando razones humanitarias como que tiene madre, hijos y más familia que lo está pasando muy mal y aseguraba que no se iba a fugar.
Sin embargo, tanto el juez primero como la Sala de lo Penal después consideraron que persistía el riesgo de fuga por “el elevadísimo patrimonio” que tendría oculto en el extranjero y el de destrucción de pruebas por las presiones y amenazas a personas vinculadas a la investigación.
En su recurso contra la prorroga de prisión, Granados admitió que el millón de euros que, tras entrar en la cárcel, fue hallado en casa de sus suegros -y que su suegro justificó señalando que por su casa entraba mucha gente y citó a operarios de Ikea- procedía de la cuenta que tenía en Suiza y defendió que ese dinero y el de sus cuentas bloqueadas era el único que tenía.
Desde su ingreso en prisión, Granados había rechazado declarar ante el juez, pero al serle prorrogada la prisión preventiva pidió comparecer ante Velasco para aclarar las sospechas sobre su presunto patrimonio oculto, lo que se produjo el pasado 21 de diciembre.
