El recorrido judicial de la investigación a una supuesta trama de explotación de boxeadores extranjeros en Terrassa ha sido corto. El 30 de marzo se desencadenó el operativo del Cuerpo Nacional de Policía, con siete detenidos por cometer presuntamente diversos delitos y una veintena más por estancia ilegal en España. Ni un mes después, la magistrada encargada de la instrucción decidió archivar el proceso penal. Lo ha cerrado. Así lo había reclamado el Ministerio Fiscal, que descartó presentar cargos.
Las primeras diligencias hablaban de un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, pero también de delincuencia organizada y de falsificación. "Esas son palabras mayores", dice una de las personas que fueron implicadas en el asunto, un promotor de combates que confiesa sentir alivio por la resolución judicial pero al mismo tiempo no esconde su indignación. Tampoco se esperaba otra cosa. "Lo tenía muy claro desde el principio. No había nada de que acusarme", añade.
Según fuentes próximas al caso, las indagaciones de la Policía Nacional trataban de desentrañar presuntas irregularidades en la promoción de jóvenes boxeadores de origen nicaragüense y en su permanencia en España después de los combates. Este diario publicó un artículo sobre las investigaciones y algunas de las detenciones en su edición del 20 de abril. Había trascendido que el operativo policial se precipitó cuando uno de los púgiles se desplomó en la calle tras una sesión de entrenamiento. Había peleado días atrás en Londres y estuvo unos días ingresado en un hospital, hasta que obtuvo el alta.
Púgiles centroamericanos
Agentes de la Comisaría investigaban a varios individuos por asuntos de extranjería vinculados con dichos púgiles centroamericanos que se preparaban en Terrassa (aunque no pertenecían a ningún club local) y saltaban al ring en poblaciones de Catalunya, del resto de España y de Europa. Llegaban a España con cartas de invitación cumplimentadas por un promotor, uno de los investigados, que les sacaba los billetes de ida y vuelta.
Varios policías se presentaron el 30 de marzo, jueves, en un gimnasio próximo al Torrent d’en Pere Parres, donde otro de los investigados preparaba a boxeadores. El titular del gimnasio sólo le prestaba a horas sus instalaciones. Los agentes salieron del local con dos sospechosos a los que transportaron a la Comisaría de la calle de Baldrich. Luego se sucedieron las detenciones y las declaraciones, sobre todo de púgiles. Muchos de ellos, acaso una docena, residían en unas viviendas ubicadas en Segle XX que la Policía Municipal inspeccionó meses atrás.
Un imputado, entrenador, vio cómo la policía inculpaba también a parte de su familia. Dijo estar "alucinado" por las pesquisas y subrayó que los boxeadores llegaban a España libremente, solos, sin que nadie les obligase. Aterrizaban aquí para ganarse la vida en el ring. Muchos residían ya en Europa.
Lo mismo certifica otro investigado, el promotor. Él, asegura, hace "lo que hace todo el mundo con los boxeadores en este ámbito". Esto es: formalizar carta de invitación y, en efecto, invitarlos a viajar aunque puedan hacerlo con un visado de tres meses. En Europa peleaban, "todos con seguro médico pagado por el promotor de cada combate".
Luego, cada púgil decidía qué pasos dar en su vida: si quedarse o marcharse. "Yo no puedo saber, ni tengo por qué, si los boxeadores permanecen en España o se van. Muchos se quedaban por voluntad propia", afirma uno de los investigados, ahora exonerado de toda culpa. Algunos deportistas regresaban a su país de origen. Otros conocían aquí a sus parejas y han llegado a formar familia. Por ejemplo, un colombiano que arribó a Europa hace doce años.
Las diligencias previas tramitadas en el juzgado de instrucción número 1 de Terrassa se abrieron por supuesto delito contra los trabajadores extranjeros y se ampliaron con cuatro atestados. Constaba también un oficio para averiguar el patrimonio de algunos encausados. Pero el Ministerio Fiscal, después de conocer las actuaciones, pidió el sobreseimiento (archivo) de la causa al no considerar justificada la perpetración de delito.
Un auto judicial, fechado el 18 de abril, decreta el sobreseimiento provisional del procedimiento, abierto por la presunta existencia de una "red criminal" dedicada a explotar a boxeadores. La magistrada pone de relieve que en las declaraciones y las diligencias policiales no se aprecia ningún acto ilícito "imputable a persona determinada". No concurren los requisitos exigidos en el Código Penal.
Para que se consume el delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros es indispensable que, en efecto, se abolan o menoscaben, se supriman o se limiten, esos derechos.
El núcleo del tipo delictivo se basa en imposiciones de condiciones que perjudiquen derechos reconocidos en disposiciones legales o convenios colectivos, señala el auto judicial. No es el caso en lo que respecta a los boxeadores, según la magistrado, pues de las diligencias no se deduce que los púgiles "se encuentren en condiciones limitativas de sus derechos".
Es más: el auto deja entrever que no constituyen precisamente situaciones de abuso los entrenamientos voluntarios de dos horas al día, ni los 1.200 euros percibidos por cada boxeador en un combate o tener pagados los gastos de viaje. Conclusión: no ha quedado justificada de modo debido la perpetración de delito. En lo referente a los púgiles que supuestamente infringieron la ley de extranjería, por hallarse en territorio nacional sin "papeles", el trámite que se sigue es administrativo. Sobre ellos pende una propuesta de expulsión.
