El pasado 30 de junio de 2016, el Ayuntamiento en pleno, con los votos de todos los partidos, lo que incluye a los dos del gobierno local, se comprometió a aumentar la cuantía de las multas impuestas a los bancos que tienen pisos vacíos y a incrementar el ritmo de apertura de los expedientes sancionadores. Casi un año después, TeC denuncia que no se ha hecho nada de lo acordado, a pesar de que tanto PSC como PDeCAT votaron a favor de la medida.
“Una vez más, el equipo de gobierno incumple los mandatos del pleno, incluso aquellos en los que ellos mismos estuvieron de acuerdo”. Es la denuncia de Xavi Martínez, concejal de TeC, que lleva varios meses interesándose por el avance de las multas a los bancos con pisos vacíos. Lo volvió a hacer en la última comisión informativa de Derechos Sociales y Servicios a las Personas, a raíz de lo que, días más tarde, obtuvo respuesta por escrito. Según el propio equipo de gobierno admite, desde junio de 2016 no se ha abierto ningún nuevo expediente a bancos o grandes inversores que incumpliesen la función social de la vivienda, es decir, que mantuviesen pisos cerrados durante más de dos años.
Durante este tiempo lo que sí se ha hecho ha sido reabrir 86 de estos expedientes; es decir, se ha enviado un segundo o tercer requerimiento al banco, tal y como prevé la ley de Derecho a la Vivienda de 2007, que implican multas coercitivas por valor de seis o de siete mil euros, en función de si es la segunda o la tercera advertencia que se da para que ocupe el piso. En el caso de Terrassa, la primera multa coercitiva asociada a la apertura de un expediente sancionador es de cinco mil euros.
Promesa de cien multas nuevas
El equipo de gobierno informa en esa misma nota a TeC de que tiene previsto reabrir 40 requerimientos más y que durante lo que queda de año se abrirán cien nuevos expedientes.
Concretamente, la moción impulsada por TeC y CUP que fue aprobada hace un año contempla que se abrirán expedientes “trimestralmente”, lo que supuso rebajar las pretensiones iniciales de estos dos partidos, que exigían que fuese cada mes. Martínez se queja de que el bipartito “se excusa en que falta presupuesto y personal” para incrementar el ritmo de imposición de multas, pero recuerda que este acuerdo se adoptó antes de aprobar los presupuestos, con lo que ha habido margen para corregir estas carencias.
Además, señala el regidor, una de las condiciones que llevó a TeC a abstenerse y facilitar la aprobación de los presupuestos municipales para este 2017 fue el incremento hasta los 150 mil euros (de los 70 mil inicialmente previstos) de la partida destinada a tramitar los expedientes. El edil denuncia que tampoco se ha incrementado, incumpliendo lo acordado, el importe de las sanciones.
