Mina, la concesionaria del agua en Terrassa, sigue de cerca la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y la disposición adicional 27, que a su juicio "sitúa a los trabajadores en una posición de mayor indefinición aún -afirman fuentes de los servicios jurídicos de la empresa- . La medida afecta directamente a la plantilla, que ya afrontaba numerosas incertidumbres en el proceso de subrogación. Sobre sus nuevas plazas, sobre si tendrían que cubrirse mediante concurso y, en consecuencia, el riesgo de perder su puesto de trabajo".
La compañía mantiene las dudas sobre el futuro laboral de su personal incluso después del compromiso municipal de conservar los puestos de trabajo y respetar los derechos laborales.
Aigües de Terrassa cree que el redactado de los Presupuestos puede cambiar en el trámite parlamentario y prefiere esperar a sacar conclusiones sobre la repercusión real de la medida en el proceso del agua en la ciudad.
La compañía insiste en que hasta este momento "todo lo que tiene que ver con el proceso de subrogación de personas y el cambio de modelo de gestión está muy indefinido". Por contra, la compañía reitera que ha entregado "toda la información de las 129 personas afectas necesaria para diseñar un servicio público, excepto la que compromete su privacidad.
