El Ayuntamiento y el Govern de la Generalitat expresaron ayer su voluntad de trabajar conjuntamente para acabar con las ocupaciones ilegales de pisos vacíos en Ca n’Anglada, dar una salida digna a las familias que ahora residen en esas viviendas y abordar la rehabilitación de los bloques una vez concluya el plan de esponjamiento del barrio.
La concejal del distrito 2 y teniente de alcalde de Derechos Sociales y Servicios a las Personas, Lluïsa Melgares, aprovechó la presencia en Terrassa de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, que acudió a firmar el convenio de la tercera fase del plan de esponjamiento de Ca n’Anglada, para pedirle la constitución de una comisión bilateral que estudie cómo abordar las necesarias rehabilitaciones de los inmuebles que no están incluidos en el proyecto urbanístico y trabajar las ocupaciones ilegales de pisos. "Estoy muy contenta por la gente que ya ha podido marcharse a sus nuevos pisos o por la que se irá, pero cuando se invierte tanto dinero en un barrio es importante trabajar también las condiciones de vida de la gente que se queda", señaló la edil antes de pedir la creación de esta comisión e insistir en que de la actuación que se lleve a cabo dependerá en gran parte "la cohesión y la convivencia".
La consellera, sin concretar la fórmula, no eludió mostrar su predisposición a actuar "de forma firme" en Terrassa y en otros tantos municipios catalanes porque "las ocupaciones son un problema real que no existe sólo en Ca n’Anglada. Borràs señaló que el desarrollo de la ley catalana aprobada en diciembre de 2016, que contempla medidas como las expropiaciones temporales de viviendas, permitirá a las administraciones "disponer de nuevas herramientas" para actuar en las zonas más necesitadas de vivienda asequible.
Durante la visita de una amplia comitiva institucional por el barrio, tanto Borràs como Melgares destacaron la "colaboración" de las dos administraciones en llevar a cabo el plan de esponjamiento de Ca n’Anglada, el "papel fundamental" de la asociación de afectados del barrio para "impulsar" el proceso y el "ingenio" de los técnicos que han ideado fórmulas innovadoras para dar una salida personalizada a cada familia, en función de su situación económica. Borràs subrayó que en operaciones de este tipo es donde se ve que el urbanismo supone también "actuar sobre la calidad de vida" y el entorno social de los vecinos.
Los últimos cuatro bloques
El convenio que ayer se firmó corresponde a la tercera y última fase del plan. Afecta a cuatro bloques, con un total de 80 viviendas, ubicados en los pasajes de Concòrdia, Constància y Previsió. El presupuesto es de 7,5 millones, que aportarán al 50% Ayuntamiento y Generalitat. Desde finales de 2012, cuando empezaron los primeros realojos, se ha actuado en cinco bloques, donde había 104 viviendas, y se ha realojado a 54 familias. Hasta ahora se han invertido nueve millones (6,4 millones en la primera fase y 2,60 en la segunda). Cuando a finales 2019 acabe el proyecto se habrán derribado nueve escaleras con 184 inmuebles y se habrá trasladado a 90 familias. No todos los residentes tienen derecho al realojo. En total, la administración autonómica y local habrán invertido 16,5 millones en el plan de esponjamiento de Ca n’Anglada.
