La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, tras comparecer durante más de cuatro horas ante el juez por haber ocultado 30 millones de euros desde 2012, cuando se le comenzó a investigar.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Abogacía del Estado y Podemos (personado como acusación popular) han reclamado la misma medida contra él, sobre la que ahora tendrá que pronunciarse el juez del caso Pujol, José de la Mata.
De la Mata ha tomado hoy declaración a Jordi Pujol hijo a raíz de los últimos hallazgos en la causa que investiga la fortuna de la familia y que apuntan a que él y su exmujer Mercé Gironés llevan desde 2012 siguiendo “una estrategia insistente y continuada de despatrimonialización en España” ocultando millones en el extranjero, según la UDEF.
Esta ha sido la tercera vez que ha declarado ante la Audiencia Nacional, la última en febrero de 2016, cuando el juez le impuso la prohibición de salir de España después de tres horas y media de comparecencia a petición propia para hablar de su dinero acumulado en Andorra y que la familia atribuye a una herencia.
También le retiró el pasaporte y le impuso comparecencias semanales en el juzgado en un auto en el que De la Mata afirmaba que el primogénito de Jordi Pujol Soley “faltó claramente a la verdad” sobre su fortuna.
La primera vez que declaró ante este tribunal fue un año y medio antes, en ese caso para explicar los 11 millones de euros que cobró de empresarios que contrataban con la Generalitat por labores de intermediación.
El juez también le investiga por crear un entramado societario internacional para blanquear dinero y por la fortuna familiar en Andorra que él manejó y cuyo origen los Pujol (que la atribuyen a una herencia) no han podido probar.
Jordi Pujol Ferrusola ha dado al juez explicaciones sobre la ocultación de su patrimonio en otros países, usando una estrategia que, según la Policía, tenía como finalidad “sustraer activos patrimoniales” en previsión de una posible condena que suponga el pago de multas o responsabilidades civiles, que supondrían “de facto”, recuerda la Policía, “la liquidación de sus activos”.
