El pleno de abril aprobará el inicio del expediente para el cambio de modelo de gestión del servicio de abastecimiento del agua en Terrassa. El dictamen superó el miércoles el trámite en comisión informativa y supone un paso definitivo en el proceso abierto tras finalizar los 75 años de concesión del servicio a Mina.
El procedimiento entra en la fase final. En los próximos meses se decidirá el nuevo modelo de gestión – 20 concejales sobre 27 apoyan la gestión pública y directa-, se liquidará el contrato con la compañía y se procederá al relevo en la prestación del servicio.
El expediente que ahora se inicia prevé la creación de una nueva comisión político técnica y paritaria que tendrá 3 meses para evaluar cual es el mejor modelo de gestión, en base a un informe sobre las alternativas en el que trabajan desde hace meses los servicios técnicos municipales.
La previsión es que en el mes de julio la comisión esté en condiciones de elevar al pleno una propuesta concreta para su votación. "El pleno tiene la soberanía para determinar el nuevo modelo de gestión", recordó el concejal del Agua, Alfredo Vega, en comisión informativa.
La propuesta incorporará una memoria del modelo escogido, informes que avalen su solidez jurídica, económica y técnica. También un reglamento del servicio, una propuesta de estatutos para la nueva actividad y un informe con el modelo de participación ciudadana.
La nueva comisión que tutelará el final del proceso del agua reeditará la existente hasta este misma semana y que se disolvió el miércoles. El nuevo grupo de trabajo lo integrarán los representantes de los partidos con representación municipal y los técnicos que han participado hasta ahora. Además, se incorporarán un portavoz de la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) y otro de la Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC).
No será la única novedad. En las reuniones de trabajo, Alfredo Vega tomará el relevo de Marc Armengol como nuevo concejal del Agua.
Como en Valladolid
Durante los últimos meses los técnicos municipales han analizado a fondo la legislación catalana y española que regula un proceso como el que afronta Terrassa, la primera gran ciudad catalana que se dispone a municipalizar la gestión del agua tras el final de una concesión privada. El Ayuntamiento sigue también de cerca procesos similares como el de la ciudad de Valladolid, que ya ha llevado a pleno la creación de una entidad pública para la gestión del agua en la ciudad. Como en Terrassa, Valladolid afronta el proceso de municipalización en plena ofensiva judicial de la empresa privada que gestionaba el servicio hasta ahora, Aguas de Valladolid. La compañía ha llevado al contencioso la creación de la nueva entidad pública.
En Terrassa, el proceso acumula 6 contenciosos del grupo Mina, dos contra el nombramiento del ingeniero Joan Gaya como comisionado del agua y cuatro más contra el expediente de liquidación y reversión de bienes y contra la primera prórroga forzosa. En tres de esos cuatro procesos la empresa pidió medidas cautelares y en dos ya han sido rechazadas por la Justicia, que aún no se ha pronunciado sobre la tercera petición. En Valladolid -un nuevo paralelismo- los tribunales también rechazaron las medidas cautelares solicitadas por Aguas de Valladolid, en su contencioso contra la creación de una nueva entidad pública del agua.
El calendario de la municipalización empieza a concretarse en Terrassa. En julio se espera que el pleno dé el visto bueno a la aprobación inicial del nuevo modelo de gestión, que será sometido a exposición pública antes de la aprobación definitiva, probablemente en noviembre.
Si el pleno valida la gestión pública y no surgen nuevas trabas judiciales, el Ayuntamiento estaría en disposición a partir de julio de preparar la nueva empresa gestora y afrontar el traspaso. Desde diciembre, Mina gestiona el agua en régimen de dos prórrogas forzosas que culminan en diciembre.
