Los maltratos a personas mayores son un iceberg de un gran e invisible calado por lo que urge habilitar un teléfono de atención específico y facilitar viviendas alternativas a los ancianos y ancianas que lo sufren, según el abogado y presidente de la asociación para la investigación del maltrato a las personas mayores EIMA, Jordi Muñoz.
En una entrevista con Efe, Muñoz pide que la administración disponga de un parque de viviendas destinado a personas mayores maltratadas porque “esta vivienda, aunque no sería la solución ideal, es lo más cercano a su casa”.
“Las residencias son para personas que necesitan asistencia, no para personas que se encuentran bien”, y por tanto ofrecer esta alternativa, como se hace actualmente, resulta inadecuado, según Muñoz.
El presidente de EIMA urge también a disponer de un número de teléfono específico al que los mayores que sufran maltrato puedan llamar, igual que existe un número contra la violencia de género.
Muñoz insiste en que para minimizar las situaciones de maltrato a personas mayores se debe actuar en dos ámbitos: una regulación normativa específica y priorizar la sensibilización de la sociedad en esta materia.
El letrado lamenta que “aunque parece que hay voluntad política, este es un tema que siempre queda en un segundo plano y nunca se prioriza” y recuerda que “los mayores, debido a su edad, pueden esperar menos tiempo que el resto” a que se legisle en su favor, por lo que ha pedido “mayor agilidad”.
El abogado pone como ejemplo la legislación andaluza en materia de acompañamiento a las personas mayores y recuerda que se puede actuar tanto desde el ámbito autonómico como estatal, por lo que señala que “no sirve culpar al otro, pues la ayuda es necesaria hoy y no dentro de unos años, y más cuando hablamos de personas mayores”.
Muñoz insiste en que el principal problema es que “no tenemos definido qué es el maltrato a los mayores”, como sí están definidos casos de maltratos a menores o a las mujeres, y dice que existen hasta siete tipos de abuso: físico, psicológico, sexual, económico, por negligencia, por abandono y por vulneración de derechos.
“Los abusos de tipo económico y psicológico son los más frecuentes”, señala Muñoz, y las personas “más aisladas, que han perdido su red social o familiar y tienen pocas señales de alerta a su alrededor” son las que presentan mayor riesgo de ser maltratadas.
Según Muñoz, existen factores de género y económicos que determinan mayores posibilidades de sufrir abusos.
Las mujeres, bien porque gozan de mayor esperanza de vida o porque durante su existencia suelen padecer más maltratos, sufren más situaciones abusivas que los hombres, mientras que la discriminación económica puede darse por aprovechamiento (las personas cuidadoras pueden quedarse parte de la pensión o hacer que su nombre conste en la herencia) o por abandono (los mayores con menos recursos pueden no tener personas en las que apoyarse).
El presidente de EIMA opina que “las residencias están un punto criminalizadas” y asegura que se dan más situaciones de abuso en domicilios, aunque reconoce que en los centros para personas mayores “hay cosas a mejorar”, principalmente en “maltratos involuntarios”, como no cerrar la puerta del lavabo o de la habitación cuando las personas necesitan intimidad o negarles “el derecho a decidir en su día a día”.
Sobre el funcionamiento de la Ley de Dependencia, Muñoz lamenta que se generan expectativas que no se pueden cumplir y apunta los casos de personas que han tenido que esperar años para que les concedieran la ayuda, hecho que facilita que se padezcan situaciones de abuso.
El presidente de EIMA indica que la administración, en algunas situaciones, por “pasividad o falta de recursos”, es un “maltratador involuntario”, aunque rechaza culpabilizar de los numerosos casos de abusos solo a las instituciones: “todos somos responsables, debido a nuestra falta de implicación y poca preocupación sobre este asunto”, recalca.
Un ejemplo de buena praxis continuada, ha explicado Muñoz, es el de la Diputación de Barcelona, que desde 2007 potencia la capacitación de profesionales y les ofrece instrumentos para detectar e intervenir en situaciones de malos tratos, lo que visibiliza el problema y permite actuar.
Muñoz afirma que los maltratos a gente mayor son “como un iceberg”, pues solo se ve una pequeña parte y la gran mayoría no sale a la luz.
La OMS apunta que solo una de cada 24 personas mayores hace públicas las situaciones de maltrato que sufre, mientras que una encuesta de la Generalitat del año 2015 indica que el 90 % de las personas mayores de 65 años que padecen maltratos no lo denuncia.
EIMA, entidad catalana que se dedica a luchar contra el maltrato de personas mayores, nació en 1999 y está actualmente formada por un equipo de nueve profesionales que prestan asesoría jurídica, hacen cursos de formación para profesionales, elaboran informes y protocolos y dan charlas a las personas mayores para informarles de cómo pueden actuar en caso que sufran abusos.
