La Generalitat convocará, a partir de la segunda mitad del mes de abril y hasta finales de mayo, un total de 266 plazas para reforzar la estructura territorial de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), en lo que supone la mayor convocatoria de empleo en la historia de este organismo.
En una entrevista concedida a Efe, el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, ha avanzado que, gracias a estas 266 plazas, que son en régimen de interino, y a otras convocatorias de menor cuantía, la ATC sumará una plantilla de 740 personas el 1 de septiembre, cuando el Govern ha anunciado que asumirá la gestión de los impuestos cedidos.
De esta forma, la Generalitat se prepara para gestionar al completo el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y también el de Sucesiones y Donaciones, delegados ahora en los registradores de la propiedad.
De estas 266 plazas, un total de 240 servirán para reforzar el personal que dará servicio en las oficinas repartidas por Cataluña, mientras que las otras 26 se integrarán en las sedes provinciales de la Agencia Tributaria de Cataluña, embrión de la Hacienda catalana que construye el gobierno catalán.
Salvadó ha asegurado que cuenta con el personal que hasta ahora trabajaba para los registradores de la propiedad para optar a estas plazas de interino, porque “aportan muchos años de experiencia” en la gestión y liquidación de los impuestos cedidos, aunque ha precisado que el proceso es “de acceso universal”.
Asimismo, la ATC está acabando, por una parte, el proceso de formación de 4 nuevos inspectores y de 33 técnicos que han superado una oposición; por otra, tiene en marcha una convocatoria para 16 puestos de técnico tributario, en este caso en régimen de interino, a la que se han presentado unas 400 personas.
Estas 53 personas se deberían incorporar a la estructura de la ATC “entre mayo y junio”, y el Govern también prevé convocar otras oposiciones entre julio y septiembre para crear 40 plazas de gestor tributario y otras 24 de inspectores.
Todo este desarrollo de la ATC, que en febrero tenía 430 personas, hará que este ente cuente con 740 efectivos a principios de septiembre, cuando Salvadó estima que la ATC dispondrá de “una treintena de oficinas” en el territorio catalán, la mayoría de ellas propias y unas trece en colaboración con otras instituciones catalanas.
En esta línea, el secretario de Hacienda ha remarcado que el Govern culminará en septiembre “el recorrido autonómico” de la Agencia Tributaria de Cataluña y, al mismo tiempo, potenciará su rol como “prestadora de servicios tributarios” a otras administraciones, como las locales.
Y es que, también a principios de septiembre, está previsto que la ATC empiece a realizar la recaudación ejecutiva de unas 300.000 multas pendientes de cobro del Servicio Catalán de Tráfico.
En cuanto a la demanda presentada por los registradores de la propiedad para exigir al Govern que cumpla con el convenio para la liquidación de los impuestos cedidos, que vence a finales de octubre, Salvadó ha lamentado que este colectivo haya optado por “no dialogar” y ha recordado que los registradores también han acudido a los tribunales en comunidades donde se han llevado a cabo procesos similares.
A pesar de que los registradores alertan de que se necesita un período de transición mucho mayor para que el Govern pueda hacerse cargo de estos impuestos, Salvadó ha asegurado que el proceso está “absolutamente controlado” y que la transformación de la ATC culminará “esta legislatura”.
Por otra parte, Salvadó ha precisado que el Govern mantiene la fecha del 1 de julio para la entrada en vigor del nuevo sistema tributario e-Spriu, que se estrenará con la gestión del impuesto de bebidas azucaradas.
El secretario del Govern ha asegurado que el calendario inicial de entrada en vigor de este nuevo impuesto “no era el querido ni por las empresas ni por el Govern”, pero que la dinámica parlamentaria hizo se solapara la entrada en vigor de los presupuestos con la puesta en marcha de este impuesto.
Por ello, ha señalado, el Govern ha dado una prórroga de un mes -hasta el 1 de mayo- para que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y liquiden este impuesto durante la primera quincena de julio.
