El 58 % de los españoles consideró “mala” o “muy mala” la independencia judicial en España durante 2015, lo que situó al país en la cuarta posición de toda la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria, Croacia y Eslovaquia, según los datos publicados hoy por la Comisión Europea.
Las cifras supusieron un incremento de dos puntos porcentuales con respecto a los datos de un año antes, según recoge la nueva edición del cuadro de indicadores de Justicia elaborado por el Ejecutivo comunitario.
Además, España pasó de la sexta a la cuarta posición en la clasificación de los Estados miembros que peor perciben la independencia judicial en sus territorios.
“Animo a los Estados miembros a velar por que cualquier reforma de la Justicia respete el Estado de Derecho y la independencia judicial. Esto es crucial para que los ciudadanos y las empresas puedan disfrutar plenamente de sus derechos”, declaró la comisaria de Justicia, Vera Jourova, en la rueda de prensa organizada para presentar el documento.
Del 58 % de los españoles descontentos con la independencia judicial, el 19 % calificó la situación de “muy mala” y el 39 % de “bastante mala”, mientras que el 28 % la consideró “bastante buena” y el 3 %, “muy buena”.
Más críticos que los ciudadanos de España fueron los de Bulgaria (63 %), Croacia (62 %) y Eslovaquia (59 %).
En cambio, la población más satisfecha con la independencia judicial residía en 2015 en Dinamarca, donde solo el 7 % consideró “mala” o “muy mala” la situación, seguida de Luxemburgo (9 %), Holanda (12 %), Finlandia (13 %), Austria, Alemania y el Reino Unido (16 % los tres).
Entre los motivos para desconfiar del sistema judicial, el 49 % de la ciudadanía española hizo referencia a las injerencias y presiones de los gobiernos y políticos, frente al 45 % que mencionó presiones de sectores económicos y otros grupos de interés, y el 34 % afirmó que la situación y posición de los jueces no garantiza “lo suficiente” su independencia.
En el caso de las empresas, el 18 % calificó de “muy mala” la independencia judicial en España y el 41 % la consideró “bastante mala”.
Las compañías también citan la injerencia de gobiernos y políticos (50 %), de sectores económicos y otros grupos de presión (49 %) y la situación de los jueces (36 %) como motivos para dudar sobre la independencia judicial.
Frente a estos datos, España fue uno de los cuatro Estados miembros que en 2015 no exigió honorarios judiciales para poner en marcha un proceso judicial sobre “casos específicos de consumidores”.
España fue el séptimo país de la Unión que más tiempo necesitó para resolver procesos civiles, comerciales y administrativos en primera instancia durante 2015, pues tardó 238 días de media, frente a los 242 del año previo.
En esta nueva edición, Bruselas también analizó el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los sistemas judiciales, uno de los argumentos que esgrimió Jourova para explicar la reducción de la duración de los procesos.
Si bien Estonia y Portugal se situaron a la cabeza del club comunitario en el empleo de esos recursos, España no estuvo lejos, pues se utilizaron las tecnologías de la información en el 62 % de las presentaciones de documentos a los tribunales, en el 89 % de las firmas electrónicas de escritos y en el 76 % de las comunicaciones entre las cortes y los abogados.
La Comisión Europea también indicó en su informe que solo el 14 % de jueces en altos tribunales de España eran mujeres, el tercer menor porcentaje de los Veintiocho.
