El titular del instrucción número 30 de Barcelona ha impuesto una fianza de 9,5 millones de euros a los exdirectivos de Catalunya Caixa Narcís Serra y Adolf Todó, así como a otros 39 exmiembros de su consejo de administración, por los sobresueldos a la antigua cúpula de la entidad bancaria.
En un auto, el juez ha acordado enviar a juicio a Serra y Todó, así como a los otros miembros del consejo de administración que aprobaron los sobresueldos de la cúpula de la entidad, cuando ésta sufría pérdidas e iba a ser intervenida por el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).
El magistrado instructor obliga a los encausados a pagar solidariamente una fianza de 2,5 millones al FROB y de otros 7 millones a favor de Catalunya Caixa, en previsión de las indemnizaciones que pudieran ser condenados a abonar, mientras que a Adolf Todó le reclama 808.563 euros más por las remuneraciones extras que considera percibió indebidamente.
Los encausados tendrán treinta días de plazo para depositar la fianza y, en caso contrario, se les embargarán los bienes hasta cubrir las cantidades reclamadas por las futuras indemnizaciones que podrían ser condenados a pagar.
Además, el juez dispone en su auto que los exdirectivos de Catalunya Caixa sean juzgados por la Audiencia de Barcelona, una vez la Fiscalía y el resto de acusaciones personadas en la causa han presentado sus escritos de calificación contra los encausados, a los que atribuyen delitos de administración desleal.
La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y otros quince consejeros de la entidad por los “escandalosos” sueldos e indemnizaciones que aprobaron para sus exdirectivos entre los años 2009 y 2011, pese a la crítica situación de la antigua caja de ahorros.
Anticorrupción atribuye a un total de diecisiete personas, entre ellas Serra y Todó, dos delitos de administración desleal, por los que pide cuatro años de cárcel, mientras que para otros 24 exdirectivos de Catalunya Caixa solicita dos años de prisión por un único delito de administración desleal.
La Fiscalía solicita, además, que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con un mínimo de 2,5 millones de euros.
El fiscal recuerda que CatalunyaCaixa vivió una situación “crítica” como consecuencia de la crisis, hasta el punto que en el año 2010 el FROB tuvo que inyectar 1.250 millones de euros para recapitalizarla.
Pese a ello, Narcís Serra, entonces presidente de CatalunyaCaixa, acordó la contratación de Adolf Todó como director general y Jaume Masana como consejero delegado con unas condiciones económicas inapropiadas para el momento que atravesaba la entidad.
“A pesar de la difícil situación económica global y en particular del sistema financiero y especialmente de esta caja, los sueldos de los altos directivos Adolf Todó y Jaume Massana no dejaron de subir durante los años 2009, 2010 y 2011”, denuncia el fiscal.
Adolf Todó, por ejemplo, obtuvo unos ingresos totales de más de 4 millones de euros entre los años 2008 y 2012, cifra a la que hay que sumar las aportaciones realizadas al plan de pensiones, que sumaron cerca de 2 millones de euros.
Por su parte, Jaume Massana percibió en ese mismo período una retribución de 2,9 millones de euros y una aportación al plan de pensiones por importe de más de 633.000 euros, sostiene el fiscal.
Además, los directivos se subieron el sueldo “cuando el FROB estaba a punto de aportar 1.250 millones de euros e incluso cuando ya habían sido aportados”.
La acusación particular ejercida por la CUP también pide penas de cuatro años de cárcel para Serra y Todó, mientras que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) eleva la petición de condenas a seis años de prisión.
