El Ayuntamiento de Barcelona ordenará hoy el precinto del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca y dará un plazo de dos meses para cerrar la instalación, ya que no ha cumplido la orden de cese de actividad firme desde enero.
Según ha anunciado el teniente de alcalde de Ciudadanía, Jaume Asens, el Ayuntamiento de Barcelona confía “poco” en que el CIE cumpla esta orden y por ello tiene previsto llevar al Ministerio de Interior, titular del centro, ante la Audiencia Nacional si no cesa la actividad de CIE en estas instalaciones cuando se cumplan estos dos meses, así como pedir al tribunal como medida cautelar que cierre.
Asens ha explicado que “no irá nadie a precintar el CIE” porque lo que está establecido en el caso de conflictos entre administraciones, y ocurre en este caso, es la comunicación de la orden efectiva de precinto, y en el caso de disconformidad con ella la vía son los tribunales, en este caso la Audiencia Nacional, ya que se trata de un ministerio y está en Madrid.
Jaume Asens ha explicado las novedades sobre el proceso administrativo iniciado por el Ayuntamiento de Barcelona con relación a la falta de licencia de actividad del CIE de Barcelona y otras irregularidades que, según el ayuntamiento, afectan a la seguridad, que el Ministerio de Interior no ha resuelto a pesar de las órdenes del consistorio.
“Ponemos fin al expediente administrativo. Ahora ha llegado el momento de que los tribunales se pronuncien” sobre si la medida de cierre es proporcionada, ha anunciado Asens, que ha asegurado estar convencido de que la ley está de parte del Ayuntamiento de Barcelona en la cuestión de la licencia de actividad.
Jaume Asens ha explicado que hoy han comunicado la decisión de precintar a la Delegación del Gobierno en Cataluña y han acordado mantener una reunión con el delegado del Gobierno, Enric Millo, para abordar la situación.
El cuarto teniente de alcalde ha comparecido ante los medios acompañado del gerente de recursos del consistorio, Joan Llinares, y del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona José Esteve Pardo, autor de un informe que avala la competencia municipal para exigir la licencia de actividades al CIE en virtud de la jurisprudencia existente y para clausurar la instalación.
Llinares ha explicado que la Audiencia Nacional puede tardar meses en dirimir si la medida de cierre del CIE es proporcionada, pero para establecer el cese de esta actividad como medida cautelar solo necesita semanas.
El pasado 24 de octubre, Asens ya anunció que el ayuntamiento ordenaría el precinto si no se cumplía la orden de cese de actividad del centro de internamiento, dictada por el gobierno municipal en julio pasado por la falta de licencia municipal para llevarla a cabo, porque el ministerio ni la cumplía ni la había recurrido en el plazo establecido.
Desde enero, esta orden de cese es firme, pero el ministerio no la ha obedecido, lo que en opinión de Jaume Asens es “un menosprecio” al Ayuntamiento de Barcelona y una muestra de “la reiterada actitud de deslealtad institucional” del ministerio.
“La cuestión de la licencia de actividades ya no es discutible porque al no recurrir es de obligado cumplimiento”, ha explicado el teniente de alcalde, que ha asegurado que el hecho de que el ministerio haya “desoído y desobedecido” ha hecho que el gobierno municipal haya “perdido la inocencia”.
Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el Parlament han aprobado declaraciones institucionales de rechazo a los Centros de Internamiento de Extranjeros por entender que vulneran los derechos humanos.
